El Consejo de Estado anuló la elección de Ibaldo Torres Chávez como rector de la Universidad de Pamplona al concluir que el proceso no se ajustó al Estatuto General de la institución. La decisión revocó el fallo previo del Tribunal Administrativo del Norte de Santander y acogió los argumentos del Comité Prodefensa de la Universidad de Pamplona.
La batalla no empezó en los estrados. Según Sandra Milena Roso Hernández, abogada de la veeduría, la alerta se lanzó en septiembre de 2024, cuando el comité le pidió al Consejo Superior Universitario convocar oportunamente la elección ante el vencimiento del periodo de Torres Chávez. «Lo advertimos desde 2024, pero nunca fuimos escuchados», declaró la jurista a Semana.
Ante la falta de respuesta, presentaron una acción de cumplimiento para exigir que la universidad respetara su propio estatuto. Esa acción fue declarada improcedente por hecho superado —la convocatoria se abrió durante el trámite—, pero la veeduría continuó denunciando presuntas irregularidades ante el Ministerio de Educación y otras entidades.
El detonante central fue la aparición de Torres Chávez en el listado de aspirantes admitidos. La veeduría argumentó que el artículo 26 del Estatuto General establece que el rector solo puede ser reelegido por un periodo, y que Torres Chávez ya había sido reelegido una vez. Presentaron una reclamación formal, recusaron a los funcionarios que avalaron su candidatura por presunto conflicto de intereses —eran subordinados del propio rector— e interpusieron una acción de tutela para dejar sin efectos ese listado. Ninguna de esas vías prosperó en primera instancia.
Fue el Consejo de Estado quien cambió el panorama. Según Roso Hernández, la corporación «concluyó que la única forma de una reelección consecutiva debía ajustarse al mecanismo previsto en el estatuto de la universidad».
Ahora la Universidad de Pamplona deberá iniciar un nuevo proceso de selección de rector. La veeduría ya planteó una pregunta incómoda: «¿Cómo van a elegir rector los mismos que hicieron una elección irregular?», cuestionó la abogada, pidiendo que el Consejo Superior Universitario que participó en el proceso anulado no quede a cargo de la nueva elección.
Que no te lo cuenten. Lo que ocurrió en Pamplona es el manual clásico del aparato burocrático universitario: un estatuto claro, una restricción explícita, y una cadena de funcionarios que prefirió mirar para otro lado antes de incomodar al rector de turno. La veeduría ciudadana hizo el trabajo que las instituciones no quisieron hacer, y tuvo que llegar hasta el alto tribunal para que alguien leyera el reglamento. El principio en juego no es menor: si una institución pública no respeta sus propias normas, ¿qué autoridad moral le queda para exigirlas a sus estudiantes? La pregunta sobre quién conduce ahora la nueva elección no es retórica. Es la prueba de fuego.
