El 4 de julio, mientras millones de estadounidenses celebraban el aniversario de su nación, el Congreso tomó una decisión distinta: mantener el flujo de dinero de los contribuyentes hacia Planned Parenthood. Así lo denuncia Jeff Bradford, presidente y CEO de Human Coalition, en un artículo de opinión publicado en The Daily Wire.
Bradford no escribe desde la abstracción ideológica. Escribe desde la experiencia personal. Hace 34 años, él y su entonces prometida —hoy su esposa— acudieron a una clínica de Planned Parenthood. Según relata, nadie les dijo que continuar con el embarazo era una opción viable. Eligieron abortar. «Hasta el día de hoy lamentamos profundamente la decisión que tomamos», escribe Bradford, quien llama Sarah a la hija que no nació.
Su testimonio no es un caso aislado, según el propio autor: «Nuestra historia es solo una entre miles que demuestra lo engañosa que sigue siendo Planned Parenthood».
La organización que Bradford dirige cifra en 434.450 los abortos atribuidos a Planned Parenthood durante el año fiscal 2024-2025, según consigna en su texto. Es la cifra que usa para argumentar que los fondos públicos sostienen, en sus palabras, «la mayor operación de abortos del país».
El argumento central de Bradford es que Planned Parenthood no resuelve los problemas reales de las mujeres que acuden a sus clínicas —vivienda inestable, presión de pareja, incertidumbre económica— sino que les ofrece el aborto como solución única. «Cuando a una mujer se le dan soluciones reales a sus crisis, es más probable que rechace el aborto», escribe. Y añade que, cuando se pregunta a las madres qué harían si sus circunstancias fueran diferentes, la mayoría dice que preferiría ser madre.
El voto del Congreso, según Bradford, representa una traición a esas mujeres y a los principios fundacionales de la nación: «La mismísima nación fundada sobre los ideales de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad ha traicionado el primero de esos derechos».
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Que no te lo cuenten. El debate sobre el financiamiento federal al aborto no es una disputa técnica entre líneas presupuestarias: es una pregunta sobre qué financia el Estado con el dinero de quienes no tienen voz en esa decisión. Que el Congreso haya optado por sostener con fondos públicos a una organización que, según sus propios críticos, opera con lógica empresarial sobre la vulnerabilidad de las mujeres, dice mucho sobre quién manda realmente en Washington.
La burocracia tiene una habilidad especial para vestir de «salud» lo que sus opositores llaman destrucción. Bradford y Human Coalition advierten que la guerra, en sus palabras, está lejos de terminar. El dinero del contribuyente, mientras tanto, sigue fluyendo.
