Un drama familiar se instaló de golpe en el Capitolio. El senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, exigió esta semana la renuncia del congresista Max Miller, también republicano por Ohio y exesposo de su hija Emily Moreno.
Según informes policiales citados en la fuente, Emily acusó a Miller de arrojarle agua caliente, estrellarla contra una pared y apuntarle con una pistola en la cabeza. Acusaciones graves. El congresista las negó enfáticamente y anunció que no abandonará su candidatura a la reelección en noviembre.
Moreno rompió un silencio que él mismo describió como costoso. «Como padre y esposo, puedo decirles que los últimos dos años han sido un verdadero infierno para mi esposa Bridget, nuestra hija Emily, para mí y para toda nuestra familia a raíz del divorcio de Emily», escribió en su cuenta de X. Fue más lejos: «Max Miller necesita ayuda psicológica seria. Es un peligro para mi hija y contengo la respiración cada minuto que tiene la custodia de mi nieta».
El senador también sostuvo que Miller «incumple con todos los requisitos para ocupar un cargo político» y que «no debería tener libertad para seguir poniendo a otros en peligro» hasta recibir ayuda profesional.
Miller respondió con dureza. Cuestionó que Moreno haya esperado tanto tiempo para pronunciarse y lo acusó de actuar por cálculo mediático: «Sabes que esto no es verdad y la única razón por la que hablas ahora es para esconderte de tu propio circo mediático. Todo esto es político». También preguntó, en referencia a su exesposa, si alguien que fue agredido le ofrecería preparar la cena seis días después.
Al presidente Donald Trump le preguntaron sobre el asunto. Su respuesta fue escueta: por el momento «son acusaciones» y hay que esperar el resultado de la investigación.
Los hechos están bajo investigación y ningún tribunal ha emitido veredicto. Eso lo deja claro hasta el propio Trump. Pero el episodio expone una tensión real dentro del Partido Republicano en Ohio: dos figuras del mismo bloque, enfrentadas en público, con una niña en medio y una carrera electoral en el horizonte.
Lo que sí resulta incontestable es el estándar que Moreno invocó: quien ocupa un cargo de elección popular responde ante sus electores, y las acusaciones documentadas en informes policiales no son ruido de fondo. Que el proceso judicial determine la verdad. Pero ignorar el debate sobre la idoneidad de los representantes no es prudencia; es comodidad.
