Cuatro personas murieron el 14 de mayo cuando su avión de evacuación médica se estrelló contra las montañas Capitan, en Nuevo México. La causa: un ejercicio militar de interferencia GPS que deshabilitó la navegación de la aeronave en pleno vuelo nocturno.
El vuelo era, sobre el papel, una misión de rutina. Sesenta millas desde Roswell hasta Ruidoso para recoger a un paciente. El capitán Keelan Clark, de 30 años, y el primer oficial Ali Kawsara, de 23, eran pilotos relativamente nuevos pero certificados. Los completaban dos enfermeras. Ninguno sobrevivió.
Lo que no estaba en el papel era el ejercicio NAVFEST, en curso en el Polígono de Misiles de White Sands, conducido por el 746.º Escuadrón de Pruebas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La FAA había emitido una advertencia antes del ejercicio —activo entre el 12 y el 18 de mayo— señalando que los sistemas de navegación podían verse afectados hasta 400 millas a la redonda. El vuelo medevac estaba dentro de ese radio.
Sin luna y sin referencias visuales sobre zonas rurales, la tripulación ya había solicitado autorización para volar «solo por instrumentos». Cuando el GPS se apagó, pidieron al controlador de tráfico aéreo de Albuquerque un rumbo magnético. Les indicaron volar al oeste, luego al norte. ATC prometió vectores de aproximación, pero otras aeronaves que también habían perdido navegación saturaron las frecuencias durante varios minutos críticos.
Para entonces el avión había sobrepasado el punto de descenso. Los pilotos vieron las luces del aeropuerto de Ruidoso y solicitaron aproximación visual. Se les concedió. Lo que no podían ver eran las montañas Capitan directamente en su trayectoria.
El impacto desató un incendio forestal que ardió durante semanas y destruyó más de 30.000 acres.
El representante Gabe Vasquez (D-NM) contactó a funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte exigiendo «una investigación exhaustiva para entender plenamente la causa de este trágico y fatal accidente, y prevenir futuros siniestros».
La interferencia de GPS es una herramienta legítima y necesaria en el campo de batalla moderno: misiles y drones enemigos dependen de señales satelitales para alcanzar sus objetivos. Pero la pregunta que el aparato burocrático de defensa lleva años aplazando es quién paga el precio cuando esa tecnología se prueba sobre espacio aéreo civil. Esta vez lo pagaron cuatro personas con sus vidas y miles de acres de territorio con el fuego. Una advertencia de la FAA publicada en algún boletín técnico no es un sistema de protección; es una coartada administrativa. El Estado tiene la obligación de garantizar que sus ejercicios no conviertan el espacio aéreo civil en zona de sacrificio. Que no te lo cuenten.
