El 89% de Canadá es tierra de la Corona, propiedad de gobiernos federales o provinciales. Solo entre el 10 y el 12% de esa superficie recibe monitoreo ecológico detallado. Con esos números encima de la mesa, la pregunta no es por qué arden los bosques canadienses, sino por qué tardamos tanto en señalar al responsable: el aparato estatal que los «gestiona».
Durante dos décadas, el sector maderero canadiense entró en caída libre. Estadísticas de Statistics Canada e informes de la industria muestran que más del 30% de la capacidad de madera blanda en el oeste del país ha desaparecido. Pueblos enteros vaciados. Aserraderos cerrados. Y en su lugar, una política federal que lleva décadas autorizando el rociado de glifosato —Roundup— sobre millones de hectáreas de bosques de la Corona para eliminar especies de hoja ancha y favorecer coníferas comerciales.
El resultado es un monocultivo forestal: extensiones inmensas de pino y abeto de una sola edad y una sola especie, más ricas en resina y significativamente más inflamables que los ecosistemas mixtos que retienen humedad. La burocracia que prometía «gestionar» el bosque fabricó, en cambio, el combustible perfecto para incendios explosivos.
A eso se suman los impuestos al carbono sobre el diésel y la gasolina —combustibles críticos para la tala, el transporte y las operaciones en aserraderos—, que han encarecido toda la cadena de suministro. Nuevas capas de regulación ralentizan los permisos. Cuando cierran las plantas de celulosa, los aserraderos pierden compradores para sus subproductos. La libre empresa forestal se asfixia bajo el peso del Estado.
El daño ecológico es concreto. Los parques de Alberta contienen bosques densos y sobremaduros, con rodales que alcanzan entre 70 y 120 años, cargados de combustible y listos para arder. El propio Parks Canada advierte que «la reducción o exclusión del fuego como proceso natural conduce a un mayor riesgo de incendios forestales». Jasper National Park casi desapareció cuando el fuego extremo colisionó con décadas de acumulación de combustible y fallas de infraestructura.
Los datos del Canadian Interagency Forest Fire Centre muestran que la frecuencia de incendios ha disminuido desde los años 80. Canadá tiene menos fuegos. Lo que se disparó es la superficie total quemada, que se mantuvo relativamente moderada durante décadas antes de registrar uno de sus peores años en la historia moderna en 2023, según el National Burned Area Composite.
Y Ottawa, lejos de corregir el rumbo, avanza con su agenda 30×30: colocar el 30% de la tierra y el agua del país bajo estatus de conservación para 2030. En la práctica, eso significa más restricciones a la actividad forestal privada, más envejecimiento de los bosques, más carga de combustible y menos intervención que mitigue el riesgo de incendios catastróficos.
Que no te lo cuenten. Esto no es un fenómeno climático inevitable: es el producto directo de regulación mal diseñada, impuestos que destruyen industrias y una agenda de conservación que confunde «no tocar» con «proteger». Mientras la libre empresa forestal se reduce por decreto, los bosques envejecen, se cargan de combustible y arden. El humo no respeta fronteras. El costo lo pagan los contribuyentes de ambos lados.
