La burocracia internacional tiene un problema serio con la transparencia — sobre todo cuando el dinero en juego es de los contribuyentes estadounidenses.
Agencias humanitarias de la ONU siguen obstruyendo una investigación federal activa sobre si la ayuda financiera de EE.UU. y las operaciones de socorro en Gaza tienen vínculos con Hamás, según funcionarios estadounidenses y documentación del Congreso citada por The Washington Free Beacon.
La investigación, bautizada como «Operation Stop the Carousel» y conducida por la Oficina del Inspector General de USAID, busca identificar extremistas dentro de grupos de ayuda internacional e impedir que personal sospechoso migre entre agencias. El resultado hasta ahora: ninguna de las seis entidades de la ONU bajo revisión cumplió con la solicitud básica de entregar registros de identificación de empleados.
La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios ofrecieron respuestas apenas «parciales». El Programa Mundial de Alimentos no entregó una respuesta final. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo no respondió en absoluto.
Los investigadores federales ya verificaron que aproximadamente 100 afiliados a Hamás recibieron salarios financiados a través de la UNRWA. La investigación se ha ampliado para examinar a cerca de 1.500 individuos asociados a esa agencia con presuntos vínculos terroristas.
Documentos internos de la ONU indican, según la misma fuente, que investigadores internacionales dejaron de lado registros de comunicaciones interceptadas y datos de ubicación que vinculaban a trabajadores de ayuda con el ataque del 7 de octubre, sin evaluar si el personal mantenía estatus activo en el ala armada de Hamás.
Funcionarios del Departamento de Estado condenaron la falta de transparencia y advirtieron que Washington no permitirá que los receptores internacionales blindan sus nóminas del escrutinio. EE.UU. empuja a la ONU a desmantelar permanentemente la UNRWA y canalizar futuros esfuerzos de recuperación en Gaza a través de organismos alternativos, incluidos el Consejo de Paz respaldado por EE.UU. y un Centro de Coordinación Civil-Militar con base en Israel.
El embajador ante la ONU, Mike Waltz, respaldó en abril los llamados del senador Ted Cruz a cortar el financiamiento de la UNRWA por ley. «Creo que deberíamos plasmarlo en una ley: que quede permanentemente sin financiamiento», declaró Waltz según la fuente. Los senadores Chuck Grassley y el representante James Comer anunciaron investigaciones legislativas adicionales.
Que no te lo cuenten. El patrón es claro: organismos internacionales que operan con fondos del contribuyente estadounidense se niegan a rendir cuentas ante las autoridades que los financian. No es un tecnicismo burocrático — es un muro deliberado frente a una investigación sobre terrorismo. Cada factura sin auditar, cada nómina sin revelar, es una apuesta a que el aparato multilateral resulte demasiado incómodo de tocar. Rubio y la administración Trump tienen razón en exigir que la rendición de cuentas sea condición, no cortesía.
