California vuelve a demostrar que su aparato estatal tiene prioridades invertidas. La Junta de Audiencias de Libertad Condicional del estado aprobó nuevas directrices que, cuando entren en vigor a finales de este año, abrirán un camino para recomendar la resentencia o la clemencia de convictos que cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Entre los potencialmente beneficiados: asesinos en serie, tiradores masivos y asesinos de policías.
Anne Marie Schubert, ex fiscal del Distrito de Sacramento y hoy presidenta y directora ejecutiva de la Criminal Justice Legal Foundation (CJLF), presentó una demanda contra la nueva política. La CJLF se describe como un grupo no partidista y sin fines de lucro.
«Estamos hablando de personas que habrían calificado para la pena de muerte», advirtió Schubert. «Son lo peor de lo peor. Hablamos de asesinos de policías, de asesinos de bebés».
Schubert mencionó casos concretos que ilustran el alcance de la medida. Scott Peterson fue condenado por matar a su esposa embarazada Laci y a su hijo por nacer tras la desaparición de ella en Nochebuena de 2002. El pandillero David Hill mató a tiros al oficial de policía de San Francisco Isaac Espinoza en 2004 e hirió a su compañero. Un caso de Fresno de principios de los años 90, en el que un hombre mató a 10 personas y se declaró culpable a cambio de cadena perpetua, también quedaría potencialmente dentro del alcance de las nuevas reglas, según Schubert.
La familia y amigos de Laci Peterson se encuentran entre los grupos de víctimas que se oponen a la política. El caso de Darryl Lamar Collins, citado por Schubert, ilustra el riesgo concreto: Collins mató a dos personas en 1995, obtuvo libertad anticipada en 2017 gracias a cambios en la ley de libertad condicional para infractores jóvenes de California, y menos de un año después mató a su novia Fatima Johnson.
Según Schubert, la junta excedió sus atribuciones legales al aprobar estas directrices.
Que no te lo cuenten. Lo que California llama «reforma» tiene víctimas con nombre y apellido: Laci Peterson, Isaac Espinoza, Fatima Johnson. El aparato burocrático del estado no responde ante ellas; responde ante una ideología que convierte a los victimarios en sujetos de compasión institucional y a las víctimas en un trámite administrativo.
El principio en juego es elemental: la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional existe precisamente porque hay crímenes cuya gravedad exige que la sociedad se proteja de forma permanente. Cuando una junta estatal reescribe esa ecuación por decreto, sin pasar por el legislativo ni por el voto ciudadano, no es justicia. Es burocracia con poder de vida o muerte. Y en California, como siempre, la pagan los contribuyentes y las familias de las víctimas.
