El dinero extranjero no llega a las campañas electorales de EE.UU. por la puerta grande. Llega por la de atrás: a través de organizaciones sin fines de lucro que financian activismo climático, registros de votantes, litigios contra el gobierno y campañas de referéndum estatales. Y casi nadie lo rastrea.
La organización Americans for Public Trust acaba de lanzar Follow Foreign Money, una base de datos con más de 12.000 registros que documenta más de 5.000 millones de dólares en donaciones de fuentes extranjeras a ONG con sede en Estados Unidos. Según la organización, «casi el 100% de estas entidades impulsan causas de izquierda».
Uno de los casos más llamativos es el de la Children's Investment Fund Foundation, una ONG con sede en el Reino Unido presidida por el multimillonario británico Christopher Hohn. La fundación está registrada como ONG en China y su trabajo en ese país es supervisado por ministerios del Partido Comunista Chino. Según la base de datos, ha canalizado más de 500 millones de dólares hacia agendas que incluyen litigios climáticos y grupos alineados con el PCCh. Su directora ejecutiva, Kate Hampton, recibió un «Premio de Amistad» de un funcionario del PCCh y colaboró con la «Belt and Road International Green Development Coalition» del régimen chino.
Otro caso documentado: Indivisible, una ONG radicada en Washington D.C. que organiza protestas a nivel nacional, recibió 7,5 millones de dólares del Berger Action Fund, fondo que, según la propia base de datos, «dirige la riqueza de Hansjörg Wyss, un multimillonario suizo, hacia la política y las políticas estadounidenses».
Las grandes organizaciones del activismo climático —ClimateWorks, Nature Conservancy, Energy Foundation China, Environmental Defense Fund, Natural Resources Defense Council y League of Conservation Voters— han recibido en conjunto más de 1.000 millones de dólares en donaciones extranjeras. Este ciclo electoral ya están registrando votantes y demandando judicialmente a la administración Trump.
La ACLU y su fundación hermana acumulan casi 19 millones de dólares en dinero extranjero catalogado. Americans for Public Trust presentó quejas ante el fiscal general de Misuri alegando que la ACLU Foundation habría violado la prohibición estatal de financiamiento extranjero indirecto en campañas de referéndum.
El problema estructural es claro: la ley federal prohíbe las contribuciones extranjeras a campañas y Super PACs, pero no establece prácticamente ninguna restricción sobre el financiamiento extranjero de activismo político y actividades electorales indirectas. Ese vacío legal es el que explotan estas organizaciones.
Algunos estados han comenzado a actuar: 11 estados han aprobado leyes que prohíben el dinero extranjero en campañas de referéndum en los últimos dos años, incluyendo Iowa y Nebraska. La Cámara de Representantes ya aprobó la «Stop Foreign Funds in Elections Act», pero el Senado aún no la ha votado.
Que no te lo cuenten. Lo que está en juego no es solo una disputa técnica sobre financiamiento de ONG. Es la pregunta de quién decide, en última instancia, las políticas públicas de la primera potencia del mundo: sus ciudadanos o una red de fundaciones extranjeras con agendas propias. Mientras el aparato burocrático mira hacia otro lado, el dinero sigue fluyendo. Y la agenda avanza.
