Dos proposiciones en la boleta de California para noviembre y dos resultados que deberían alarmar a cualquiera que crea en el voto limpio y en la propiedad privada.
La Proposición 39 exigiría identificación para votar. La Proposición 40 impondría un impuesto del 5% sobre la riqueza de los multimillonarios del estado. Según la encuesta más reciente citada por el New York Post, la primera va perdiendo —51% en contra, 42% a favor— y la segunda va ganando, aunque sin mayoría absoluta: 48% a favor, 41% en contra.
El truco del título
El fiscal general Rob Bonta reemplazó el título original de la Proposición 39 —«Establece requisitos adicionales de identificación de votantes y verificación de ciudadanía»— por uno nuevo: «Prohíbe a los ciudadanos votar a menos que presenten identificación emitida por el gobierno». El cambio no es semántico: es estratégico. Decirle a un votante que alguien quiere «prohibirle» votar genera miedo y oposición refleja. El objetivo real de la medida es el contrario: impedir que no ciudadanos emitan votos. Eso, según las encuestas citadas en la misma fuente, es algo que la mayoría de los votantes —incluyendo demócratas y minorías— apoya en abstracto. Pero cuando el Estado controla el lenguaje, controla el resultado.
El impuesto «de una sola vez»
La Proposición 40 se vende como un gravamen único sobre la riqueza. Promesa que la historia desmiente sola. La misma boleta incluye la Proposición 3, que busca hacer permanente un impuesto a los ricos aprobado en 2012 como «temporal». Su título oficial empieza con «Provee financiamiento permanente para escuelas y salud»; la parte de los impuestos aparece al final. No hay impuestos temporales: hay impuestos que aún no se han vuelto permanentes.
Lo que está en juego
Si California aprueba la Proposición 40 y rechaza la 39, el resultado es doble: el aparato estatal confisca patrimonio privado y, al mismo tiempo, debilita la integridad del mecanismo por el que los ciudadanos podrían revertirlo. Es la combinación perfecta para la burocracia: más recursos, menos rendición de cuentas.
La doble vara es evidente. Las mismas élites que invocan la «democracia» como valor supremo manipulan el lenguaje oficial para que una medida de sentido común —mostrar quién eres antes de votar— suene a represión. Y el contribuyente californiano, mientras tanto, financia el aparato que lo engaña.
Que no te lo cuenten.
