En California, tener 50 años y haber cumplido 20 de condena ya es suficiente para pedir la libertad condicional. Da igual que la sentencia fuera de 355 años.
Eso es exactamente lo que ocurrió con Gregory Lee Vogelsang, de 57 años, condenado a 355 años de prisión por una cadena de delitos sexuales contra menores en el área de Sacramento durante los años noventa. Un panel de tres personas le concedió la libertad condicional en noviembre bajo el programa de libertad condicional para mayores.
El caso de David Allen Funston no fue distinto. Funston, quien atrajo, secuestró y abusó de al menos ocho menores, obtuvo la libertad condicional en febrero a los 64 años.
Ambos casos son consecuencia directa de una ley firmada por el gobernador Newsom en 2020. La legislación redujo el umbral de elegibilidad para la libertad condicional por edad: antes se exigía tener 60 años y haber cumplido al menos 25; desde 2021, basta con 50 años y 20 cumplidos. El argumento oficial fue aliviar el hacinamiento carcelario.
La reacción no tardó. La asambleísta Nguyen presentó el proyecto AB 2727 para endurecer las reglas. Inicialmente propuso elevar la edad mínima a 75 años, pero la propuesta fue rebajada a 65, con al menos 25 años de condena cumplidos. Aun así, la ley revisada no ha logrado aprobarse tras la presión del Prison Policy Initiative, que citó investigaciones sobre la supuesta disminución de la reincidencia en mayores de 65.
Los críticos no se convencen. «David Funston fue liberado a los 64 años. ¿Nos sentimos todos más seguros de este pedófilo simplemente esperando a que tenga 65?», preguntó Schubert, según recoge la fuente.
La pregunta es incómoda y no tiene respuesta burocrática satisfactoria.
Desde Contrafuego, el diagnóstico es sencillo: cuando el Estado prioriza el hacinamiento carcelario sobre la protección de las víctimas, el sistema deja de ser justicia y se convierte en logística. La edad no borra el daño causado, no devuelve la infancia a las víctimas ni garantiza que el depredador haya dejado de serlo. Convertir los años cumplidos en moneda de cambio para reducir costos del aparato penitenciario es una decisión política, no una conclusión científica. Y las consecuencias las pagan los ciudadanos, no los funcionarios que firmaron la ley.
