La Comisión de Energía de California, actuando bajo una ley de 2003, acaba de aprobar nuevas regulaciones que exigen que todos los neumáticos vendidos en el estado cumplan ciertos estándares de «baja resistencia a la rodadura» a partir de 2029. Los estándares se endurecen cada año hasta 2033.
El resultado concreto: el 70% de todos los neumáticos que hoy se venden en California quedarán prohibidos. Setenta por ciento.
La propia comisión reconoce que solo la mitad de los neumáticos en la talla correcta para el auto más común que recibe una llanta de repuesto en California —un Honda Civic 2017— cumple los estándares de 2029. Ninguno cumple los de 2033. El precio promedio de un juego de cuatro neumáticos de «baja resistencia» es de 629,48 dólares, frente a los 325,20 dólares del promedio general. Es decir: más de 300 dólares adicionales para el conductor del auto de nueve años.
El gobernador Gavin Newsom asegura que los automovilistas ahorrarán mil millones de dólares al año en combustible gracias a esta regulación. Según el análisis de Campbell —exlegislador estatal, exmiembro del Congreso y veterano de 25 años en la industria automotriz—, esa promesa tiene un problema de fondo: los neumáticos de baja resistencia solo generan ahorro de combustible a velocidades altas y sostenidas. En el tráfico detenido de Los Ángeles o San Francisco, donde ocurre la mayor parte del manejo, el ahorro es nulo.
Lo que sí es predecible son las consecuencias reales. La regulación cubre neumáticos nuevos, pero no prohíbe instalar neumáticos usados traídos de otros estados. Resultado inevitable: un mercado gris o negro de llantas más baratas, más viejas y con menos banda de rodamiento. O el clásico viaje a Las Vegas para comprar neumáticos $300 más baratos, con la pérdida de empleos y recaudación fiscal que eso implica para California. O simplemente conducir con llantas viejas hasta que fallen.
Y aquí aparece la hipocresía de manual. La regulación exime a los vehículos de bajo volumen de producción —como los Bentley—. El izquierdista de Beverly Hills no tendrá restricción alguna sobre sus neumáticos. El que paga la factura es el ciudadano de a pie con su Honda Civic de segunda mano.
California ya tiene los precios de gasolina más altos del país y se ubica consistentemente entre los cinco estados con las tarifas de seguro de auto más elevadas. Agregar $300 más al costo de los neumáticos no es política ambiental: es un impuesto regresivo disfrazado de virtud ecológica.
Esto es lo que pasa cuando el aparato estatal legisla sin rendir cuentas al contribuyente. Los burócratas de Sacramento no sienten el costo de sus propias regulaciones; lo sienten los trabajadores que manejan autos viejos para llegar a sus empleos. El relato de «salvar el planeta» se sostiene mientras alguien más paga la cuenta. Que no te lo cuenten.
