Que no te lo cuenten.
El 25 de julio, siete tiendas Save a Lot operadas por Yellow Banana en el South Side y West Side de Chicago cerraron definitivamente. Para el último día, los compradores encontraron estantes semivacíos y casi sin productos frescos. El resultado: vecindarios que ya tenían opciones limitadas ahora tienen menos.
El programa nació bajo la alcaldesa Lori Lightfoot con una promesa de «equidad alimentaria». Chicago entregó a Yellow Banana $13.5 millones en financiamiento TIF para adquirir, rehabilitar y reabrir seis locales de Save a Lot en zonas de bajos ingresos. El gobierno subsidiaba la oferta —las tiendas— y, al mismo tiempo, gran parte de la demanda llegaba a través de beneficios federales SNAP. Contribuyentes locales y federales financiaban ambos lados de la ecuación.
Cuando los beneficios SNAP se recortaron, las transacciones se desplomaron. Save a Lot reportó una caída del 26% interanual en pagos con SNAP/EBT y citó esa reducción como una de las presiones financieras que llevaron al cierre. El modelo nunca tuvo piso propio: dependía de subsidio permanente para existir.
Una residente de Englewood llegó a ofrecer públicamente hacerse cargo de la tienda en 63rd y Halsted para mantenerla abierta. Nadie la escuchó. El local sigue cerrado.
Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Illinois, Rob Carr, advirtió que las tiendas de comestibles operadas o respaldadas por el gobierno son «intrínsecamente defectuosas» y señaló que las ciudades deberían atacar los permisos, los impuestos, los costos laborales y otras barreras que dificultan la viabilidad de los supermercados privados.
El vecindario inmediato del autor del testimonio no tiene ni un solo supermercado. Hay residentes sin automóvil y residentes con discapacidades que hoy no saben adónde ir.
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El relato se cayó solo. Chicago tomó dinero de los contribuyentes, lo inyectó en un modelo de retail que no podía sostenerse sin asistencia pública continua, cortó la cinta con fanfarria burocrática y dejó a los vecinos más vulnerables peor que antes. No es un accidente: es la lógica inevitable de usar el aparato estatal para reemplazar lo que solo el mercado libre —con reglas claras, impuestos razonables y menos burocracia— puede sostener en el tiempo.
La doble vara duele especialmente aquí: los mismos funcionarios que prometieron «equidad» son los que ignoraron a la mujer de la comunidad dispuesta a operar la tienda. El libre mercado no abandonó Englewood; la casta política lo expulsó con impuestos, regulaciones y la ilusión de que el subsidio es una estrategia.
