Argentina tiene un problema que no es de recursos. Es de confianza.
Mientras el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) moviliza capital externo hacia energía, minería y fertilizantes en las provincias, las ciudades del interior y el conurbano esperan que esa prosperidad «se derrame». Pero hay un dato que cambia el diagnóstico por completo: los argentinos tienen más de 200.000 millones de dólares líquidos fuera del sistema financiero, en el exterior o en colchones varios. Eso no lo dice un economista de campaña. Está en los números.
Salvo Rusia, Argentina es líder mundial en fuga de capitales. Le siguen Líbano, Venezuela y Turquía, con cifras mucho menores. Dos de esas naciones son Estados fallidos. La comparación no es un insulto: es un espejo.
El problema estructural es conocido pero pocas veces cuantificado con esta crudeza. El platillo izquierdo de la balanza fiscal carga con 10 millones de personas en clase pasiva —el 60% del presupuesto—, un sistema desfinanciado por 3 millones sin aportes, 4 millones de empleados públicos (3 millones provinciales, medio millón municipales), 1,5 millones de pensiones no contributivas y un déficit de las empresas públicas de 1.100 millones de dólares con 72.000 empleados. Los usuarios de transporte con beneficio en Capital y Gran Buenos Aires pagan apenas el 32% del costo real. Los trenes acumulan un déficit que la fuente califica de «astronómico».
Hasta 2023, ese desequilibrio se financiaba con el impuesto inflacionario que pagaban, como siempre, los más pobres. Al bajar la inflación y reducirse algunos impuestos, la presión fiscal sobre quienes trabajan en blanco se volvió insoportable. El círculo vicioso está servido.
La salida, según el análisis, no pasa por devaluar ni por el recetario populista de retenciones al campo, congelación de precios y atraso salarial —políticas que, se señala, fracasaron «una y mil veces»—. Pasa por que los argentinos demanden pesos: que vendan sus dólares, ahorren en moneda local y activen el crédito, la construcción y el consumo. Eso baja tasas, multiplica recaudación y hace sostenible el equilibrio fiscal sin destruir el poder adquisitivo.
Fácil de enunciar. Difícil de ejecutar. Porque detrás del mecanismo está la política, con su historial de zancadillas.
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En Contrafuego leemos esto como la confirmación de algo que el relato oficial nunca quiere admitir: el Estado sobredimensionado no es una conquista social, es la represa que seca el río. Cada peso atrapado en burocracia, subsidio mal focalizado o empleo público improductivo es un peso que no financia una pyme, no construye una vivienda ni paga un salario privado. El capital no huye por capricho: huye porque aprendió, a golpes, que quedarse tiene consecuencias. Recuperar esa confianza exige algo más que un buen programa con tapas de cuero: exige que el aparato estatal deje de ser la primera amenaza para quien produce y ahorra. Ese es el verdadero RIGI que el conurbano está esperando.
