El Departamento de Justicia demandó este martes al Tribunal Municipal del Condado de Franklin, Ohio, por una norma interna que prohíbe los arrestos civiles dentro del juzgado salvo que los agentes presenten una orden judicial firmada por un juez.
El problema es que la ley federal de inmigración permite a los agentes de ICE realizar arrestos con órdenes administrativas —o incluso sin orden— en determinadas circunstancias. La Regla 2.10 del tribunal choca de frente con esa prerrogativa federal, según la demanda.
«Este tipo de norma obstruye el cumplimiento de la ley federal y facilita la evasión de la justicia por parte de extranjeros criminales peligrosos», declaró el Fiscal Auxiliar Brett A. Shumate, del Departamento de Justicia. «A lo largo del país, y en este juzgado en particular, los agentes federales han realizado arrestos de forma rutinaria y segura. El Departamento de Justicia está comprometido a proteger esa importante prerrogativa federal».
Las consecuencias prácticas son concretas y graves. Según la demanda, cuando ICE no puede actuar en el juzgado debe localizar a los sujetos en domicilios, lugares de trabajo u otros espacios públicos: entornos menos controlados, menos predecibles y más peligrosos. Un arresto en un juzgado o cárcel puede requerir dos agentes; uno en campo abierto exige entre cuatro y seis. El costo operativo se multiplica y el riesgo también.
El DOJ documenta que dos agentes de ICE en Columbus fueron hospitalizados tras sufrir violencia durante arrestos en campo abierto en los últimos tres meses. La demanda no identifica a los oficiales ni detalla los incidentes.
Antes de que entrara en vigor la Regla 2.10, ICE realizó al menos 12 arrestos en el Tribunal Municipal del Condado de Franklin. El juzgado, señala la demanda, ofrece condiciones más seguras: los visitantes pasan controles de armas y los agentes coordinaban con la seguridad del edificio, esperando generalmente a que terminaran las audiencias antes de actuar.
No es el único frente abierto. Un juez bloqueó recientemente una ley de Filadelfia que apuntaba a agentes federales con el rostro cubierto, en otro episodio de la misma guerra de baja intensidad entre jurisdicciones locales y el gobierno federal.
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Que no te lo cuenten. Un tribunal local no puede redactar sus propias reglas de inmigración: eso es competencia federal, y la Constitución no admite excepciones por simpatía ideológica. La Regla 2.10 no protege derechos; traslada el riesgo desde el juzgado —controlado, con detectores de metales— hacia los vecindarios donde viven ciudadanos comunes. Dos agentes hospitalizados en tres meses son el precio visible de esa hipocresía. El aparato burocrático local puede llamarlo «acceso a la justicia»; el resultado es más peligro para todos, incluidos los contribuyentes que financian tanto el juzgado como los hospitales.
