Este año han ardido más de 7 millones de acres en más de 49,000 incendios en todo Estados Unidos, un 68% por encima del promedio de la última década. Solo Oregon superó los 2,3 millones de acres quemados, rompiendo su propio récord estatal. Más de 1,000 viviendas y estructuras destruidas. Ciudades con el peor índice de calidad del aire del planeta. Prineville, Oregon, registró un Índice de Calidad del Aire de 670 el 5 de agosto —cuando menos de 50 se considera «bueno».
El relato oficial culpa al clima. Cómodo, porque si la culpa es del clima, nadie responde por las demandas judiciales ni los permisos de tala bloqueados durante años.
Pero hay un dato que desmonta esa coartada: según la Oficina de Presupuesto del Congreso, un incendio en terreno federal es, en promedio, cinco veces mayor que uno en terreno privado cercano. Mismo calor. Misma sequía. Mismo rayo. El clima no respeta líneas de propiedad, pero el fuego sí se detiene donde el Estado no gestiona.
La burocracia tiene historia y tiene precio. La Ley de Igual Acceso a la Justicia de 1980, diseñada para proteger a pequeños empresarios y veteranos, se convirtió en una maquinaria que financia a abogados ambientalistas con dinero de los contribuyentes para bloquear la gestión forestal. Entre 2019 y 2024, los Departamentos de Agricultura e Interior pagaron casi 25 millones de dólares bajo esa ley, gran parte a grupos que litigaban para impedir la tala y el aclareo en bosques públicos. La propia Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno admite que no tiene un registro completo de cuánto se ha pagado en total.
El resultado es aritmético: la cosecha de madera federal cayó casi un 80% desde su pico de 1987, de 11 mil millones de pies tablares anuales a menos de 3 mil millones hoy. Y el promedio de acres quemados se más que duplicó desde los años 90, de 3,3 millones a más de 7 millones al año.
Eso no son solo árboles. Es madera que nunca llegó a un aserradero, salarios que nunca se pagaron, economías locales que vieron cerrar sus plantas mientras los bosques ardían.
Esta semana, la administración Trump propuso derogar la Regla de Áreas sin Carreteras de la era Clinton, que mantiene 59 millones de acres —casi un tercio del Sistema Nacional de Bosques— fuera de cualquier gestión contra incendios desde hace un cuarto de siglo. El proceso llevará tiempo, pero es movimiento en la dirección correcta.
En el Congreso existe la Ley SPEED, de apoyo bipartidista, que recortaría los retrasos en permisos de tala y las ventanas de litigio que permitieron acumular esta carga de combustible. Pasó la Cámara en diciembre. Los demócratas del Senado la han bloqueado desde entonces.
Aquí está el principio en juego: cuando el Estado prohíbe gestionar lo que posee, la factura la pagan los contribuyentes dos veces —primero en honorarios legales, luego en cenizas. La libre empresa sabe cómo manejar un bosque. La burocracia demostró que no.
