Casi nueve de cada diez estadounidenses mayores de 50 años quieren envejecer en sus propios hogares. No es un capricho: es una preferencia documentada, razonable y, hasta ahora, bloqueada en parte por la burocracia.
El Departamento de Trabajo tiene sobre la mesa una regla propuesta para revocar la Regla de Cuidado en el Hogar de 2013, una norma que encareció y complicó el acceso a servicios de acompañamiento y asistencia no médica. Eliminarla reduciría barreras innecesarias y daría a las familias mayor flexibilidad para cuidar a sus mayores. Un paso en la dirección correcta, aunque insuficiente por sí solo.
La propuesta más ambiciosa se llama American Caregivers Act, legislación modelo basada en una política propuesta por Independent Women en 2024. El esquema es sencillo: organizaciones patrocinadoras reclutan, seleccionan, capacitan y supervisan a estudiantes universitarios que prestan asistencia no médica y compañía a adultos mayores. El costo lo cubren los hogares participantes, no los contribuyentes. Presupuestalmente neutro. Sin nueva burocracia federal financiada con impuestos.
El modelo se apoya en la estructura del programa de au pairs, que lleva décadas funcionando. No reinventa la rueda: la adapta.
Hoy, demasiadas familias enfrentan una elección falsa: contratar ayuda informal sin respaldo legal, prescindir del apoyo que un familiar necesita, o recurrir a cuidados intensivos y costosos porque no existe una opción intermedia viable. El cuidado en residencias de adultos mayores supera frecuentemente los 100,000 dólares anuales, según la fuente, cuando ese nivel de atención no siempre es necesario.
Otras reformas complementan el cuadro: tecnologías como el ridesharing y los vehículos autónomos preservan la movilidad e independencia de los mayores; las reformas de vivienda que permiten construir unidades de habitación accesoria —sótanos habilitados, suites para familiares— facilitan la convivencia multigeneracional o dan espacio a cuidadores.
---
Que no te lo cuenten. El debate sobre el cuidado de adultos mayores casi siempre termina en el mismo lugar: más gasto público, más programas federales, más dependencia del aparato estatal. La American Caregivers Act propone lo contrario: ampliar la oferta de cuidadores a través de un sistema privado, supervisado y transparente, donde las familias deciden y pagan, sin intermediar al Tesoro.
Ese es el principio que está en juego. Las familias no necesitan que Washington les diga cómo cuidar a sus mayores; necesitan que Washington deje de ponerles obstáculos para hacerlo. Revocar la Regla de 2013 y avanzar esta legislación sería, por una vez, política pública que amplía libertades en lugar de recortarlas.
