Desde la década de 1950, la Feria del Condado de Jefferson en West Virginia es uno de esos termómetros políticos que los estrategas de Washington fingen ignorar y luego copian. Este año el termómetro marcó algo inesperado.
El periodista David Marcus, de Fox News, pasó dos días entre cerdos premiados, tractores antiguos y rollos de pepperoni esperando escuchar quejas sobre precios e inflación. No fue así. El tema que cortó transversalmente partidos y generaciones fue uno solo: los centros de datos.
«Soy agricultor», le dijo Roy, ganadero de la zona. «Los centros de datos, las líneas de energía, todo eso es una amenaza para nosotros. Lo único que tenemos es la tierra».
La preocupación no es abstracta. Jenny Thacker y Marta Beck, dos candidatas demócratas a la Cámara de Delegados, expresaron reservas concretas sobre cómo se están implementando estos desarrollos. Thacker planteó proteger el agua subterránea: «No podemos permitirnos que saquen agua de nuestro sistema. Si podemos hacer una ley que diga que puedes usar agua superficial pero no agua de pozo, eso protege mucho nuestro acuífero». Beck, por su parte, señaló que el estado «ha quitado el control local a los municipios».
Esa palabra —control— es la que resuena. No es ideología de partido; es el instinto de una comunidad que siente que decisiones que afectan su tierra, su agua y su silencio se toman lejos de ella.
Tamara Thompson, vicepresidenta de We The People of Jefferson County, uno de los grupos originales del Tea Party que aún opera en el estado, confirmó que recibe quejas frecuentes, sobre todo por contaminación sonora. Ella misma fue a verificarlo en persona y no detectó el ruido extremo que denuncian algunos vecinos, pero reconoció que la oposición es real y extendida.
Sarah, una maestra jubilada, lo resumió con una frase mientras sostenía su teléfono: «Supongo que los necesitamos, pero nadie los quiere».
El contexto importa: Maine acaba de aprobar la primera moratoria legislativa sobre centros de datos de inteligencia artificial del país, y el gobernador de Texas, Abbott, pausó efectivamente nuevos proyectos pendiente de una auditoría de la red eléctrica estatal.
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Que no te lo cuenten. Lo que está pasando en Jefferson County no es nostalgia rural ni ludismo tecnológico. Es la tensión clásica entre inversión privada a gran escala y comunidades que cargan con los costos —agua, ruido, infraestructura— mientras las ganancias fluyen hacia afuera.
El libre mercado funciona cuando los costos y los beneficios recaen sobre los mismos actores. Cuando el aparato estatal exime a las grandes tecnológicas de las regulaciones locales y traslada la factura a los vecinos, eso no es libre empresa: es privilegio corporativo con subsidio implícito. La gente de West Virginia lo siente aunque no lo llame así. Y tiene razón.
