Los mensajes de texto del teléfono oficial de Anthony Fauci, recién divulgados, revelan que en enero de 2021, mientras se desplegaba la vacuna contra el COVID, Fauci escribió a la entonces directora del CDC, Rochelle Walensky, y al entonces cirujano general Vivek Murthy: «Since many people have significant cytokine storm and fever after the 2nd dose, this theoretically could be associated with miscarriage in the 1st trimester». Walensky respondió: «Definitely a good point».
Días después, Fauci apareció en público y declaró que no tenía preocupaciones mayores sobre las mujeres embarazadas. En agosto de 2021, Walensky afirmó sin matices que «the vaccines are safe and effective» durante el embarazo. En privado, dudas. En público, certeza absoluta.
El problema no es si la preocupación teórica resultó correcta o no. El problema es que las mujeres embarazadas fueron excluidas de los ensayos de preautorización de las vacunas, no existían datos longitudinales y las preguntas específicas sobre el sistema reproductivo femenino seguían sin respuesta. Aun así, no recibieron la información que los propios funcionarios se pasaban entre sí.
La historia no termina ahí. Según el senador Eric Schmitt — quien presentó el caso Missouri v. Biden mientras era fiscal general de Missouri —, el descubrimiento en ese litigio reveló que el CDC de Biden enviaba correos diarios a Facebook exigiendo la censura de publicaciones que planteaban preocupaciones específicas sobre el impacto de la vacuna en mujeres embarazadas. El mismo Murthy que recibió el mensaje privado de Fauci es el «Murthy» de Murthy v. Missouri.
Mientras tanto, mujeres que reportaban ciclos irregulares, sangrados o abortos espontáneos llegaban a sus médicos preguntando si podría tener relación con la vacuna — y lo hacían en un entorno donde la duda misma se había convertido en sospecha. Cuestionar la recomendación oficial equivalía a ser etiquetada de «anticientífica».
El informe de seguridad poscomercialización de Pfizer del 30 de abril de 2021 mostró una señal de aborto no verificable. Un estudio del NEJM de abril de 2021, liderado por el investigador del CDC Tom Shimabukuro, tuvo que ser revisado porque la metodología no contabilizaba correctamente embarazos y abortos; los propios autores lo reconocieron y ajustaron la tasa al 14,1%. Dos señales, ninguna tranquilizadora. El mensaje oficial fue: adelante sin frenos.
Contrafuego lo dice sin rodeos: esto no es un error de comunicación ni un tropiezo burocrático. Es el retrato de un aparato estatal que priorizó el relato sobre el consentimiento informado de las mujeres, y que luego usó la maquinaria de censura para silenciar a quienes hacían las preguntas correctas. El principio en juego es elemental: ningún funcionario, por más títulos que acumule, tiene derecho a administrar la duda ajena. Que no te lo cuenten.
