Flock Safety anunció este jueves cambios en sus protocolos de privacidad. La presión ciudadana acumulada obligó a mover ficha.
La empresa opera cerca de 120,000 cámaras en comunidades de todo el país. Miles de agencias policiales dependen hoy de su sistema. Los dispositivos escanean placas de vehículos en movimiento y pueden detectar actividad criminal.
El problema: también generan registros masivos de conductores ordinarios. Eso encendió la mecha.
Bajo el nuevo esquema, cada departamento policial podrá limitar qué información comparte con otras agencias. Un ejemplo concreto: permitir búsquedas de vehículos robados y bloquear al mismo tiempo el acceso a registros vinculados a infracciones migratorias. Así lo describió un reporte del New York Times.
También cambia el tiempo de retención de datos. El período estándar baja de 30 días a una semana. Los departamentos locales podrán extenderlo si lo consideran necesario para una investigación.
Chad Marlow, asesor senior de políticas de la Unión Americana de Libertades Civiles, calificó los pasos como «buenos en teoría». Pero fue más lejos. Según Marlow, la empresa trata las preguntas de privacidad principalmente como un problema de relaciones públicas.
Otros críticos van más allá. Argumentan que solo cambios legislativos reales pueden poner límites efectivos a esta tecnología de vigilancia.
Mientras tanto, varias ciudades ya cancelaron sus contratos con Flock. Las protestas se han registrado en múltiples localidades. El debate público sigue activo.
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Que no te lo cuenten. Flock Safety tiene un problema real de legitimidad. No es ideológico: es práctico. Cuando el Estado —o quien le presta herramientas— acumula datos sobre ciudadanos sin marco legal claro, el abuso no es una posibilidad. Es una tendencia documentada.
La libre empresa tiene derecho a innovar. También tiene la obligación de no convertirse en brazo extendido de la vigilancia estatal sin control democrático. Los protocolos voluntarios son un primer paso. Pero los críticos tienen razón en un punto: sin ley, una empresa puede cambiar sus políticas hoy y revertirlas mañana. El contribuyente y el ciudadano merecen algo más sólido que un comunicado de prensa.
