Treinta estados ya optaron por el Crédito Fiscal para la Libertad Educativa. Veinte gobernadores, la mayoría demócratas, se negaron. El resultado: más de 20 millones de estudiantes sin acceso a becas que cubren tutorías, transporte, educación especial y colegiaturas privadas.
El programa federal permite a los padres donar hasta 1.700 dólares a organizaciones otorgantes de becas y recibir un crédito fiscal federal equivalente. No se descuenta un solo dólar del financiamiento de las escuelas públicas. No hay impuestos nuevos. Y si un estado no se suma antes del 1 de enero de 2027, los fondos que sus contribuyentes aportaron al programa beneficiarán a otros estados, no a sus propios hijos.
Según Youngkin, la gobernadora de Arizona, Hobbs, vetó tres veces proyectos de ley aprobados por la legislatura estatal para unirse al programa. Resultado: 1,1 millones de niños de Arizona quedan fuera. En Pennsylvania, Shapiro bloqueó el acceso para 1,8 millones de estudiantes. En Nueva York, la gobernadora Hochul declaró que se uniría, pero según Youngkin aún no ha tomado acción vinculante, dejando a 2,7 millones de alumnos en espera.
El argumento de que estas becas son impopulares no sobrevive los datos. Según Democrats for Education Reform —citado por Youngkin—, el 61% de los demócratas apoya el programa, incluyendo el 63% de los votantes negros y el 68% de los hispanos.
Youngkin señala una contradicción que resulta difícil de ignorar: Hobbs asistió a una escuela privada. Shapiro también se benefició de una educación privada. Ambos niegan hoy ese mismo camino a las familias de sus estados. «Muchas personas que se beneficiaron personalmente de la elección educativa son a menudo las más decididas a negársela a todos los demás», escribe el exgobernador.
Para presionar a los mandatarios renuentes, Youngkin lanzó la iniciativa Empowering America's Parents, cuyo objetivo es lograr que todos los gobernadores del país se sumen al programa y que los candidatos a gobernador se comprometan a mantenerlo.
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Esta es la burocracia en su forma más pura: un aparato que no paga el costo de sus decisiones pero sí las impone sobre quienes no tienen alternativa. Los gobernadores que vetaron el programa no sacrifican nada; los niños de sus estados, sí. Que el dinero ya esté disponible, que no afecte a las escuelas públicas y que la mayoría de los propios votantes demócratas lo apoye hace que los vetos sean aún más difíciles de justificar con argumentos que no sean la lealtad al sindicato docente.
La libertad educativa no es un privilegio de quienes pueden pagársela. Es exactamente lo que estos gobernadores tuvieron y hoy administran como si fuera suya. Que no te lo cuenten.
