La gobernadora de Massachusetts, Healey, firmó el 10 de agosto la llamada Prioritizing Patient Access to Care Act. La ley elimina las restricciones al aborto tardío que existían en el estado. Antes de su firma, Massachusetts solo permitía abortos después de las 24 semanas en casos específicos: riesgo para la salud física o mental de la madre, peligro de vida o diagnóstico fetal fatal. Ahora esas restricciones desaparecen. La nueva norma entra en vigor el 8 de noviembre.
Con este cambio, Massachusetts se alinea con Colorado, Maryland y Oregón. Esos estados no tienen límites gestacionales. En la práctica, la ley permite abortos hasta el nacimiento.
Healey se declara católica. Eso encendió la reacción de CatholicVote, uno de los principales grupos de defensa católica en Estados Unidos. Su presidenta, Reinhardt, publicó una carta abierta a los obispos católicos de Massachusetts. Les pidió que aclaren si las acciones de Healey generan excomunión automática bajo el derecho canónico.
Reinhardt citó el canon que establece que quien procura un aborto o colabora en él incurre en excomunión latae sententiae. Es decir, automática. Sin necesidad de declaración formal. «Por el solo hecho de hacerlo, nadie tiene que proclamarte excomulgada», dijo Reinhardt a Fox News Digital. «Has hecho algo tan contrario a la fe que te has excomulgado a ti misma».
La pregunta que plantea CatholicVote es concreta: ¿firmar esta ley convierte a Healey en cómplice de la expansión pública del aborto?
Reinhardt es madre de un hijo nacido a las 35 semanas de gestación. Señaló que, bajo esta ley, un bebé a esa misma edad gestacional podría ser abortado. «No hay ninguna razón para matar a un niño con viabilidad absoluta», afirmó. «Eso es un pecado grave según la Iglesia Católica y según la razón natural».
Healey, por su parte, defendió la ley. Dijo que mantendrá el aborto «seguro, legal y accesible» en Massachusetts y que permitirá a los médicos actuar sin temor a represalias legales.
---
Aquí no hay ambigüedad. Una funcionaria electa usa su fe como credencial pública y luego firma una ley que su propia Iglesia califica de pecado grave. Eso no es pluralismo. Es doble vara.
El principio en juego es simple: las instituciones tienen coherencia o no tienen nada. Si los obispos guardan silencio, el mensaje es que las reglas aplican a todos menos a quienes tienen poder político. CatholicVote al menos hace la pregunta. Que no te la cuenten de otra manera.
