La alcaldesa demócrata de Boston, Wu, anunció el domingo que su oficina presentará solicitudes de registros públicos para identificar a propietarios privados que hayan expresado interés en arrendar espacios de estacionamiento a ICE. La agencia federal busca 249 espacios contiguos en la ciudad.
El objetivo declarado: contactarlos. Persuadirlos de no hacerlo.
Wu lo dijo sin rodeos. «Nos oponemos firmemente a cualquier expansión de sus esfuerzos aquí», afirmó, «y alentaremos y nos comunicaremos con los propietarios para asegurarnos de que no contribuyan a una oleada de actividad ilegal y peligrosa».
La propia alcaldesa reconoció el límite legal. «No podemos bloquear a los propietarios privados», admitió. Pero aclaró que los funcionarios sí pueden «informarles» que arrendar a ICE «no es una forma de hacer nuestra comunidad más segura».
Eso no es información. Es presión.
El Departamento de Seguridad Nacional respondió el lunes sin eufemismos. La agencia publicó en X que la «alcaldesa pro-criminal» está «intentando intimidar a los bostonians», sabiendo que tiene «CERO autoridad para bloquear a ICE en el uso de propiedad privada». El comunicado añadió que los ciudadanos privados «deberían poder permitir que las fuerzas del orden federales accedan a su propia propiedad» sin enfrentar amenazas de su alcaldesa. El DHS también señaló que Wu «comparó sin vergüenza a los agentes de ICE con un grupo neonazi».
Wu justificó su postura citando una operación reciente en Maine donde un agente mató a un migrante. «No tenemos que mirar muy lejos», dijo. «Vemos las consecuencias de vida o muerte cuando envían agentes sin entrenamiento con una directiva muy alejada de proteger al público».
Boston es ciudad santuario. Wu asegura haber «hecho todo lo posible» para impedir que ICE acceda a propiedad pública.
Ahora va por la privada. Con una solicitud de información, una llamada telefónica y la autoridad moral de quien controla el aparato municipal.
Aquí el principio en juego es elemental: un propietario privado tiene derecho a arrendar su espacio a quien considere conveniente, incluido el gobierno federal. Que una alcaldesa use el aparato burocrático para identificar, contactar y disuadir a esos propietarios no es política pública. Es intimidación institucional con sello oficial. La doble vara es perfecta: la misma izquierda que invoca la autonomía individual cuando le conviene convierte al Estado local en herramienta de presión cuando el inquilino no le gusta. Que no te lo cuenten.
