El año escolar arrancó para casi la mitad del país y la mayoría de los maestros espera problemas. «Los estudiantes se han vuelto apáticos hacia las reglas escolares», declaró un docente al EdWeek Research Center, «y se sienten con poder para irrespetar o ignorar abiertamente a sus maestros». No es una percepción: es el resultado lógico de una política que durante diez años les enseñó que las consecuencias son negociables.
El 18 de agosto, el Departamento de Educación envió una carta a estados y distritos escolares recordándoles que la disciplina cumple una función y que las políticas escolares no pueden «favorecer ni desfavorecer» a estudiantes por raza. El mensaje es correcto. El problema es la burocracia que se interpone.
Cómo se desmanteló el orden
En 2014, la política federal condicionó la disciplina escolar a estadísticas raciales agregadas, después de que se detectara que estudiantes negros eran suspendidos y expulsados a tasas más altas que los blancos. Las escuelas quedaron amenazadas con investigaciones federales si sus políticas racialmente neutras producían un «impacto dispar», aunque no tuvieran intención discriminatoria. El incentivo fue claro: reducir los incidentes reportados, no reducir el mal comportamiento.
Estados como Illinois fueron más lejos: exigieron planes correctivos a los distritos con mayores tasas de sanciones entre estudiantes de color y, en nombre de la equidad, obligaron a evaluar cada caso de disciplina de forma individual. El resultado práctico: una misma conducta podía recibir respuestas distintas. La consistencia —base de cualquier sistema de reglas— quedó destruida.
Las reformas no beneficiaron a quienes decían proteger. Investigaciones citadas en la nueva guía federal, provenientes de Filadelfia, muestran que en las escuelas más desfavorecidas los estudiantes que habrían sido suspendidos pero fueron perdonados bajo la nueva política no mejoraron académicamente; en cambio, sus compañeros que nunca habían tenido problemas sí rindieron peor. La indisciplina no castigada no tiene víctima cero: la pagan quienes van a clase a aprender.
La industria del «bienestar» como sustituto
La disciplina fue reemplazada por una burocracia de bienestar que multiplicó las respuestas posibles sin exigir resultados. Según investigaciones publicadas en Education Administration Quarterly, entre los ciclos 2013-14 y 2015-16 en Maryland, los distritos añadieron más de cinco opciones de respuesta al promedio de cada infracción estudiantil. Identificar la «causa raíz» del comportamiento se vendió —con frecuencia mediante currículos comerciales— como la forma de hacer irrelevantes las consecuencias.
Los distritos continúan gastando miles de millones a nivel nacional en justicia restaurativa, aprendizaje socioemocional, iniciativas de salud mental y prácticas informadas por trauma, financiadas con dólares federales de educación y Medicaid. Nombrar la angustia de un estudiante puede ayudar al maestro a entender por qué se portó mal; no le enseña al estudiante a actuar diferente.
Lo que está en juego
Contrafuego lo dice sin rodeos: rebajar las expectativas de conducta según la raza o las circunstancias del hogar no es compasión, es condescendencia. La disciplina consistente le dice al estudiante que los adultos creen que es capaz de superarse. La excusa permanente le dice lo contrario.
El aparato estatal construido en torno al «bienestar» escolar consume recursos, protege empleos de consultores y coordinadores, y produce desorden. La guía de la administración Trump apunta en la dirección correcta. Pero desmantelar una burocracia que lleva una década enraizada en cada distrito del país es otra historia. Que no te lo cuenten como si fuera sencillo.
