El aparato estatal tiene una habilidad especial: pedir más poder justo cuando acaba de demostrar que no sabe usar el que ya tiene.
Eso es, en esencia, lo que está ocurriendo en Washington con el debate sobre los tribunales federales. Un nuevo proyecto de ley —el Judicial Space and Facilities Management Effectiveness Act, presentado el 30 de julio por los senadores Durbin, Cramer y Boozman— busca transferir la autoridad sobre inmuebles en hasta 10 distritos judiciales federales desde la Administración de Servicios Generales (GSA) directamente al Poder Judicial.
La GSA, que actúa como arrendador de la mayoría de los espacios judiciales federales, no se quedó callada. La agencia advirtió al Congreso que la rama judicial tiene un historial documentado de mala gestión de sus edificios.
El caso más elocuente es el del Tribunal Federal Hugo Black en Birmingham, Alabama: el único inmueble que permaneció bajo control judicial tras el fracaso de un programa piloto de delegación aprobado en 1988. El resultado fue catastrófico. Según la GSA, el edificio acumuló 57,7 millones de dólares en costos de mantenimiento delinquente. Un análisis posterior reveló almacenamiento inadecuado de productos químicos, teléfonos de emergencia en ascensores inoperables y sistemas de protección contra incendios en mal estado, entre otros riesgos de seguridad.
«Las necesidades de reparación únicas del inmueble reflejan prácticas de mantenimiento deficientes que han acortado la vida útil de sistemas costosos y críticos, incluidos ascensores, plantas enfriadoras y calderas», señaló la GSA.
Para colmo, pese a tener autonomía sobre el edificio, el Poder Judicial recurrió repetidamente a la propia GSA para asistencia técnica en reparaciones complejas, y utilizó las plantillas de contratos de servicios de la agencia. Es decir: quería la autoridad, pero no la responsabilidad.
La historia del programa piloto refuerza el argumento. La GSA lo modificó en 2004 para que los participantes asumieran costos adicionales de reparación, incluidos los imprevistos. La Conferencia Judicial votó en 2005 por retirarse del programa como medida de ahorro. Solo Birmingham siguió adelante. Ya sabemos cómo terminó.
Los promotores del proyecto de ley argumentan que la GSA también ha gestionado mal las instalaciones judiciales. Puede que tengan razón en algunos casos. Pero la solución a una burocracia ineficiente no es crear otra con menos experiencia y más inmunidad política.
Esto es lo que está en juego: dinero de los contribuyentes, seguridad de quienes trabajan en esos edificios y el principio elemental de que la rendición de cuentas no se negocia por conveniencia institucional. Cuando el historial habla tan claro, ignorarlo no es reforma. Es reincidencia.
