Una madre y reportera de televisión, Melendez, dejó a su hijo en los dormitorios de UC Berkeley y grabó lo que encontró detrás del edificio: tiendas de campaña amontonadas, basura, grafitis, aceras bloqueadas y caos total en el bloque 1150 de Harrison Street. Lo publicó en X con un mensaje directo: «Vergüenza para @CityofBerkeley @CityofAlbanyCA @UCBerkeleyNews». El video se volvió viral. No es difícil entender por qué.
Las ratas capturadas cerca del campamento dieron positivo a leptospirosis, una infección bacteriana que puede causar problemas respiratorios, fallo orgánico y muerte. Eso no es una metáfora política: es un dato de salud pública con consecuencias letales para cualquier vecino que camine por esa calle.
Mientras tanto, la ciudad está atrapada en un laberinto judicial. Los sin techo y sus grupos de apoyo se oponen al desalojo; los propietarios y negocios cercanos exigen la limpieza. Un juez ordenó que Berkeley asista a algunos de los ocupantes antes de completar el operativo. El aparato burocrático, como siempre, convierte una emergencia sanitaria en un expediente sin fecha de resolución.
Esta semana también se reportó que un hombre sin hogar supuestamente atacó a tres trabajadores con una tubería metálica cuando intentaban desalojarlo de una iglesia cercana a la universidad. Según las fuentes, nadie parece sorprendido.
La pregunta que nadie en la clase política local quiere responder es la más obvia: ¿cómo se llegó hasta aquí? Berkeley, como Los Ángeles, Oakland y Long Beach, lleva años aplicando políticas permisivas que normalizaron los campamentos hasta volverlos imposibles de desmantelar. El modelo «housing first» —meter a los adictos en un apartamento y llamarlo solución— no resuelve los problemas de fondo: adicciones, enfermedades mentales, ausencia de tratamiento real.
Lo que sí resuelve es mantener vivo un ecosistema de organizaciones «sin fines de lucro» que facturan servicios interminables con dinero de los contribuyentes sin rendir cuentas por los resultados. La «compasión» progresista tiene precio de mercado y lo paga el ciudadano de a pie.
Contrafuego lo dice sin rodeos: cuando el Estado abandona el orden público en nombre de la inclusión, los primeros perjudicados no son los ideólogos que diseñan las políticas desde sus despachos, sino los vecinos, los estudiantes y los trabajadores que tienen que cruzar esa acera cada mañana. Berkeley puede conservar su fama de ciudad excéntrica. Lo que no puede seguir conservando es la idea de que ignorar la ley, el orden y la salud pública es una forma de progreso. El relato se cayó solo, y esta vez lo filmó una madre con el teléfono en la mano.
