Nueva York tiene un problema de construcción que no es de ingeniería: es de burocracia y lobbismo. Se llama Scaffold Law, tiene 141 años y no tiene nada que ver con andamios. Lo que hace es imponer responsabilidad absoluta a propietarios y contratistas por cualquier accidente en obra, incluso si el trabajador es responsable en un 99% del incidente. Los otros 49 estados usan un estándar de negligencia comparativa. Nueva York, no.
El resultado es brutal en números. Según datos citados en la fuente, los seguros de construcción en Nueva York son hasta un 500% más caros que en el resto del país. Mientras en el resto de la nación el seguro consume entre el 2% y el 4% del valor de una obra, en Nueva York esa cifra sube al 8% o 10%. Eso significa que los costos de construcción están inflados entre un 6% y un 10% por esta sola ley.
Ahora el número se vuelve concreto con Penn Station. El plan de Trump para rediseñar la estación tiene un costo estimado de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Un estudio de la Building Trades Employers Association —grupo de contratistas sindicalizados— calcula que si el gobierno federal eximiera los proyectos federales de esta ley, el costo de Penn Station podría reducirse en hasta 560 millones de dólares. En proyectos de autopistas y tránsito durante los próximos cinco años, el ahorro podría llegar a 2.300 millones. En diez años, el ahorro federal podría alcanzar los 10.000 millones de dólares.
El representante Langworthy (R-NY) ya presentó legislación federal para eximir de la Scaffold Law a los proyectos financiados por Washington. No es una reforma estatal —Albany ha bloqueado eso durante 40 años gracias al lobby de abogados litigantes y sindicatos— sino una vía federal que rodea el obstáculo.
Los defensores de la ley argumentan que protege a los trabajadores. Los datos dicen lo contrario: las tasas de lesiones y muertes en obras de Nueva York son peores que en estados vecinos como Nueva Jersey y Pensilvania. Illinois, el último estado con una ley similar, la derogó en 1995. Nueva York lleva 31 años sin moverse.
El costo humano también es real: Nueva York tiene hoy menos empleos de construcción que antes de la pandemia, mientras el resto del país avanza.
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Que no te lo cuenten. Aquí no hay misterio ideológico: una ley arcaica, sostenida por abogados que se benefician de litigios y por líderes sindicales que prefieren el statu quo a más trabajo para sus afiliados, le cuesta miles de millones al contribuyente federal y frena la construcción de escuelas, metro y vivienda pública. El dinero que se quema en seguros inflados no construye nada.
La ironía es que los mismos que defienden la Scaffold Law en nombre de los trabajadores son los responsables de que Nueva York pierda empleos de construcción. El aparato de Albany no puede o no quiere resolverlo. Si Trump quiere dejar huella en Penn Station, el primer ladrillo es este: exigir que el dinero federal no financie la burocracia legal más cara del continente.



