Hay una palabra que en Estados Unidos funciona como tarjeta de salida libre. No importa lo que hagas: si logras que te la apliquen a quien te señala, el señalador queda descalificado y tú, impune. Esa palabra es «racista».
El fenómeno conocido como teen takeovers —multitudes de jóvenes que toman intersecciones y espacios públicos, organizadas por redes sociales— lleva meses registrando episodios de violencia en Milwaukee, Los Ángeles, Houston, Chicago, Atlanta y Brooklyn, según los videos que circulan en línea. Las convocatorias se difunden con volantes anónimos; la ubicación exacta se revela a último momento. No todos los eventos terminan en violencia, pero cuando lo hacen, docenas de teléfonos graban para maximizar la circulación viral.
Los números son concretos. En Detroit, el fin de semana del Día de los Caídos dejó a un joven de 16 años y otro de 14 con heridas de bala. En Edmond, Oklahoma, un joven de 18 años murió y 22 resultaron heridos. Ferias infantiles en Illinois, Connecticut, Nueva Jersey y Houston fueron canceladas ante el desorden masivo.
El análisis que circula en medios conservadores apunta a dos problemas entrelazados: la criminalidad juvenil en sí misma y la reacción —o la falta de ella— de la sociedad ante esa criminalidad. Según un estudio de 2023 del Institute for Family Studies citado en la fuente, las ciudades con altos niveles de monoparentalidad registran tasas de criminalidad total un 48% más altas que las de baja monoparentalidad; en violencia, la diferencia sube al 118%, y en homicidios, al 255%.
El argumento central no es racial sino estructural: más del 50% de los niños negros en Estados Unidos crecen sin padre en el hogar, y esa realidad —se sostiene— no deriva del racismo sino de décadas de política de bienestar estatal que sustituyó la figura paterna por subsidios gubernamentales. «El gobierno no es un reemplazo para un padre», resume la tesis.
El segundo problema es el silencio forzado. Quien señala que los participantes en estos disturbios son mayoritariamente jóvenes negros recibe de inmediato la etiqueta de racista, aunque no esté hablando de raza sino de conducta. Esa mecánica convierte la acusación en escudo y en arma simultáneamente.
Desde Contrafuego lo vemos claro: cuando una sociedad decide que ciertos crímenes no pueden nombrarse ni cubrirse porque el perfil del perpetrador incomoda, no está protegiendo a nadie —mucho menos a las comunidades que más sufren esa violencia—. Está protegiendo el relato. Y el relato, como siempre, le cuesta la vida a los de abajo mientras la burocracia del victimismo prospera en los foros, las universidades y los medios de la casta progresista.
El libre mercado de las ideas exige poder nombrar los problemas. Sin diagnóstico honesto no hay solución posible. Que no te lo cuenten.
