El experimento ya tiene veredicto. La Universidad de California eliminó el SAT y el ACT en 2020 bajo la conducción de la entonces presidenta Janet Napolitano, con un argumento explícito: los exámenes estandarizados tenían un «impacto desigual por raza». Cinco años después, las brechas raciales siguen ahí. Y los propios académicos del sistema lo dicen en voz alta.
Gabriel Rossman, profesor de sociología en UCLA, lo resumió sin rodeos ante Fox News Digital: «Ese era obviamente el motivo. Los Regentes de la UC fueron muy claros. Eliminaron el SAT porque creían que tenía un impacto desigual por raza». El resultado, según Rossman, fue la ironía de que la política no logró lo que prometía.
La reacción dentro del sistema universitario ya supera los 3.000 firmantes. Más de tres mil profesores de la Universidad de California han respaldado cartas abiertas exigiendo la reinstauración del SAT y el ACT. Primero fueron las facultades de ciencias e ingeniería, que alertaron sobre estudiantes que llegan a la universidad sin preparación matemática suficiente. Luego se sumaron los académicos de ciencias sociales, humanidades, artes, derecho y educación con una carta propia.
«Escribimos para respaldar la carta anterior de nuestros colegas de STEM y argumentar a favor de usar también el componente de razonamiento verbal del SAT/ACT en las admisiones de pregrado», señala la carta de las facultades no-STEM, según la fuente.
La presión surtió efecto institucional: el Consejo Académico de la Universidad de California instruyó el 22 de julio al Comité de Admisiones y Relaciones con Escuelas (BOARS) para supervisar una revisión basada en evidencia sobre el uso de pruebas estandarizadas en admisiones.
Que no te lo cuenten. Aquí no hay ambigüedad ideológica: la burocracia universitaria tomó una decisión política disfrazada de equidad, ignoró la evidencia, y el aparato académico tardó cinco años en organizarse para exigir un retorno a los estándares. Mientras tanto, miles de estudiantes ingresaron a un sistema que les prometió inclusión y les entregó menos rigor.
El caso de la UC es el manual del progresismo institucional en acción: se sacrifica la meritocracia en el altar del relato, los resultados contradicen la promesa, y la corrección llega tarde y entre resistencias. Lo que está en juego no es solo un examen. Es si las universidades públicas —financiadas por los contribuyentes— van a admitir estudiantes según su preparación real o según las cuotas que dicte la agenda del momento. El relato se cayó solo.
