No hace falta ganar una elección ni aprobar una ley. Basta con demandar.
Eso es, en esencia, lo que documenta el nuevo informe de Alliance for Consumers titulado Lawfare in America: Diversity, Equity and Inclusion: una maquinaria legal en la que abogados de juicio y grupos activistas usan la amenaza de litigios costosos para arrancar acuerdos extrajudiciales que obligan a las empresas a adoptar políticas DEI —capacitaciones obligatorias, cuotas de contratación, auditorías salariales y años de supervisión externa— sin que ningún congresista haya tenido que dar la cara.
El caso de Goldman Sachs ilustra el mecanismo. Según el informe, el acuerdo alcanzó los 215 millones de dólares e incluyó estudios de equidad salarial y la designación de un experto independiente para revisar los procesos internos de evaluación de desempeño. No se trató de compensar a empleados agraviados: se trató de poner las prácticas laborales de una empresa privada bajo tutela externa.
El patrón se repite. Según la misma fuente, en un caso contra Google, el despacho Lieff Cabraser —descrito en el informe por sus vínculos con el Partido Demócrata— obtuvo auditorías y supervisión externa de contrataciones. Disney acordó pagar millones y someterse a capacitaciones dirigidas por psicólogos organizacionales. Abercrombie & Fitch se comprometió a crear un nuevo cargo de vicepresidente de diversidad, contratar reclutadores especializados y establecer metas de contratación.
Ninguna de estas condiciones pasó por un comité legislativo. Ninguna fue debatida en el Congreso. Ningún político tuvo que defenderla ante sus votantes.
El informe también señala que los abogados detrás de estos casos dirigieron casi la totalidad de sus donaciones políticas registradas ante la FEC a demócratas y grupos afines, lo que ilustra, según Alliance for Consumers, la estrecha conexión de incentivos entre activistas y litigantes.
La lógica es simple: los grandes acuerdos generan grandes honorarios, y parte de esos honorarios regresa como financiamiento a la infraestructura activista que alimenta las demandas. El ciclo se sostiene solo.
El costo final recae sobre el consumidor. Cuando una empresa destina recursos a consultores de cumplimiento, sistemas de monitoreo, revisiones legales y programas de capacitación como condición de un acuerdo, esos recursos dejan de ir a desarrollo de productos, reducción de precios o mejora del servicio.
Que no te lo cuenten. Esto no es legislación: es captura regulatoria disfrazada de justicia civil. La burocracia DEI que no pudo imponerse por las urnas encontró su puerta trasera en los juzgados. Los activistas evitan el escrutinio democrático, los abogados cobran fortunas y las empresas —presionadas a ceder antes que enfrentar años de litigio— terminan rediseñando sus estructuras internas para satisfacer una agenda que sus propios clientes nunca eligieron.
Los tribunales existen para resolver disputas reales, no para legislar por la vía del acuerdo. Mientras esa distinción no se defienda con firmeza, la libre empresa seguirá siendo vulnerable a quien tenga el mejor abogado y la causa más ruidosa.
