Andrea Mauk estaba en Costa Rica cuando sus padres le avisaron que su hijo de 18 años había muerto en un accidente de tráfico en Lucas, Ohio. Cuando regresó, descubrió que ya le habían extraído órganos y tejidos a Damon sin su consentimiento.
«Me quedé completamente devastada», dijo Mauk, de 42 años, al New York Post. «Fui a la funeraria y no pude ni mirarlo después de que le habían quitado partes del cuerpo. Me robaron los ojos de mi hijo».
Damon acababa de graduarse de la preparatoria y estudiaba para obtener su licencia de bienes raíces cuando su auto se salió de una carretera rural y chocó contra un árbol el 24 de junio de 2023, según Mauk. No era donante registrado de órganos.
El consentimiento para la donación de tejidos fue obtenido del padre biológico de Damon, un hombre que, según Mauk, tuvo muy poca participación en la vida de su hijo. El hospital nunca la llamó a ella, pese a que los registros la listaban como contacto de emergencia principal y era localizable.
Según Mauk, a Damon le extrajeron ojos, piel, válvulas cardíacas, ligamentos y otros tejidos como «donaciones anatómicas». Parte del tejido fue enviado a organizaciones de investigación o biológicas, y sus ojos fueron enviados a Argentina, según relató.
La Organización de Obtención de Órganos (OPO) actuó dentro del marco legal vigente. Ahí está el problema: la ley permite que el padre biológico —ausente durante años— autorice la extracción, mientras la madre que crió sola al hijo, con su número al frente del expediente, queda fuera de la ecuación.
Mauk contactó a legisladores y testificó ante el Senado de Ohio. También lanzó una petición en Change.org para impulsar la «Ley Damon», orientada a fortalecer los procedimientos hospitalarios en torno a las donaciones de tejidos. «Creo en la donación de órganos», aclaró. «Esto no se trata de acabar con el regalo de la vida».
El caso llega en medio de un escrutinio federal creciente al sistema de obtención de órganos. Según el New York Post, el 21 de julio el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. anunció una iniciativa para reformar el sistema de trasplantes y establecer políticas claras sobre criterios de elegibilidad de donantes. La publicación señala que la iniciativa se produce tras una investigación que reveló prácticas perturbadoras en una OPO que opera en Kentucky, Ohio y Virginia Occidental: casos en que pacientes podrían no haber estado muertos al momento de iniciar la extracción, evaluaciones neurológicas deficientes y prácticas de consentimiento cuestionables.
El aparato burocrático que regula la donación de órganos tiene incentivos perversos integrados: las OPOs son penalizadas financieramente si no abordan a las familias de potenciales donantes. Eso genera presión, atajos y, en casos como el de Damon, decisiones tomadas con quien firma más rápido, no con quien tiene el vínculo real. Una madre que crió sola a su hijo durante 18 años no debería enterarse de que le extrajeron los ojos cuando ya es demasiado tarde para decir no. Que la ley lo permita no lo hace correcto. Que nadie la haya llamado lo hace imperdonable.
