El Concejo Municipal de Los Ángeles votó 10 a 3 para eliminar las restricciones de acampada en una docena de ubicaciones, incluyendo parques públicos y un centro para adultos mayores. La maniobra fue impulsada por el concejal Soto-Martínez, quien argumenta que aplicar la ley anti-campamento solo mueve a las personas sin hogar de una cuadra a otra en lugar de darles vivienda.
Entre los espacios que perdieron protección está el Barnsdall Art Park, sede de la Hollyhock House de Frank Lloyd Wright, el único Patrimonio Mundial de la UNESCO en Los Ángeles. Según la Fundación Barnsdall Art Park, antes de que entraran en vigor las restricciones el parque sufrió incendios, vandalismo y bloqueo de accesos peatonales. El presidente de la fundación, Gerwin, declaró a The Post: «Este parque necesita ser tratado de manera diferente a otros espacios públicos en Los Ángeles».
La concejala Park votó en contra y fue la voz más crítica: «Estas protecciones necesitan expandirse a toda la ciudad», dijo. Cuatro meses antes, el mismo Concejo había votado 11 a 4 para declarar zona libre de campamentos en el distrito de Park; Raman fue uno de los cuatro votos negativos en aquella ocasión. Ahora Raman, candidata a suceder a Bass como alcaldesa, votó a favor del retroceso.
Mientras tanto, una auditoría ordenada por un tribunal sobre aproximadamente $2.300 millones en gasto contra la indigencia encontró debilidades graves en la supervisión, el registro de datos y la capacidad de la ciudad para determinar si algo funcionó. Agencias, organizaciones sin fines de lucro, contratistas y consultores cobran por administrar el problema. Nadie paga un precio cuando el problema persiste.
El contraste más revelador llega desde Santa Ana, ciudad con alcaldesa demócrata y Concejo íntegramente demócrata. La alcaldesa Amezcua ofrece refugio, desintoxicación y servicios, pero quien rechaza la ayuda y sigue infringiendo la ley puede ser arrestado. Resultado: el conteo de personas sin hogar bajó de 871 en 2024 a 714 este año. En una sola operación, 11 personas aceptaron refugio, una se reunió con su familia y 69 fueron a la cárcel por rechazar servicios y continuar violando la ley.
La alcaldesa Bass, que respalda oficialmente la ley anti-campamento como herramienta de aplicación, no emitió ningún comentario público tras la votación.
Que no te lo cuenten. Lo que ocurrió en el Concejo de Los Ángeles no es política de vivienda ni compasión: es la burocracia votando para perpetuarse. Cada dólar de esos $2.300 millones auditados alimenta un ecosistema de agencias y contratistas cuyo incentivo real es que el problema nunca se resuelva. Soto-Martínez y Raman proveen la cobertura ideológica; Bass provee el silencio que la hace posible. El contribuyente californiano financia el caos, las familias pierden sus parques y los adultos mayores ceden sus centros. Eso no es tolerancia: es rendición con presupuesto público.
