El concejo municipal de Los Ángeles votó el martes 10 a 3 para levantar las restricciones a los campamentos de indigentes en más de una docena de parques y espacios públicos de Hollywood y Silver Lake. La iniciativa la impulsó el concejal Hugo Soto-Martínez. Según la fuente, unos 50 grupos activistas lo presionaron para eliminar las prohibiciones en su distrito.
El resultado es concreto: la policía pierde una herramienta legal para mantener el orden en esos espacios. Los parques que antes eran de uso vecinal quedan disponibles para asentamientos. Los residentes siguen pagando la factura.
Y esa factura no es menor. La ciudad ha gastado miles de millones bajo la premisa «housing first». El costo por indigente ronda los 80 mil dólares anuales a cargo del contribuyente. Aun así, el conteo oficial más reciente registró un aumento de la indigencia del 3,4%. El dinero salió. El problema creció.
Soto-Martínez defendió su voto con el argumento de que la solución real es llevar a las personas a viviendas. Pero votó, al mismo tiempo, para darles más espacio al aire libre sin condiciones. La contradicción no pasó inadvertida.
La concejala Traci Park fue una de las tres voces en contra. «Hemos gastado miles de millones en vivienda y servicios para indigentes, y nuestros vecinos han sido increíblemente generosos», dijo según la fuente. «Tienen todo el derecho a esperar algo a cambio».
Los vecinos de Hollywood y Silver Lake no verán parques para sus hijos. Verán lo que ya describen quienes viven cerca de otros campamentos: veredas con desechos humanos, comercio de drogas, desorden crónico. Eso también tiene un costo. Solo que ese costo no aparece en ningún presupuesto municipal.
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Este voto resume el fracaso de una burocracia que lleva años gastando sin rendir cuentas. Miles de millones invertidos, indigencia en alza, y la respuesta del aparato es… ceder más territorio público. No hay exigencia de tratamiento. No hay condición de sobriedad. Solo más espacio para que el problema se instale y se haga permanente.
El libre mercado y el sentido común coinciden aquí: los incentivos importan. Si el Estado premia el desorden con más tolerancia y más recursos sin contraprestación, el desorden se expande. Los contribuyentes de Los Ángeles lo están aprendiendo a un costo de 80 mil dólares por persona al año. Que no te lo cuenten.
