Estaban ahí, en la Rotonda del Capitolio, apretados en sillas plegables: Elon, Jeff, Tim, Sundar Pichai de Google y Shou Zi Chew de TikTok. Flanqueaban al presidente en su segunda toma de posesión. La imagen valía más que cualquier comunicado de prensa: el gran capital tecnológico rindiéndole pleitesía al hombre al que habían intentado silenciar.
La historia es conocida. Big Tech pasó los años del primer mandato Trump cediendo a la presión progresista: censura, shadowban, cancelaciones, millones volcados en causas identitarias. Perdieron. Y cuando el péndulo volvió, llegaron con la gorra en la mano.
Pero hay un problema. El idilio entre el Partido Republicano y Silicon Valley —que convirtió a Texas en cuartel general de la industria tecnológica bajo el gobernador Abbott— ya muestra sus primeras grietas, y vienen exactamente del lado donde menos lo esperaban: las comunidades locales.
Abbott lo dijo sin rodeos en una entrevista reciente: «Lo que hacían estos centros de datos es aparecer en lugares que nadie conocía, hasta que empezaban la construcción. No trabajaron en colaboración con el estado, no trabajaron con los gobiernos locales, y básicamente se cavaron su propia tumba. Por eso recibieron el rechazo que merecen».
El mismo gobernador que proclamó a Texas «epicentro de la industria de la IA» ahora exige que cualquier centro de datos obtenga primero la aprobación de las comunidades locales antes de operar. No es un giro ideológico: es la presión de votantes reales que ven cómo su entorno cambia de la noche a la mañana sin que nadie les haya preguntado.
Ahí está la paradoja. Las grandes tecnológicas creyeron que bastaba con ganarse a Washington y a los gobernadores. Pensaron que la carrera de la IA se gana con aprobación desde arriba, no convenciendo a los vecinos de que sus costos no subirán ni su medioambiente se degradará. Hubris de manual.
Para Contrafuego, el diagnóstico es claro: el libre mercado no es sinónimo de impunidad corporativa. Una empresa que llega a una comunidad sin transparencia, sin diálogo y sin rendir cuentas no está practicando el capitalismo de libre empresa; está practicando el mismo atropello que siempre criticamos cuando lo hace el aparato estatal. La diferencia es que aquí lo financia el capital privado, no el contribuyente, pero el daño a la confianza es idéntico.
Lo que Abbott está haciendo —exigir legitimidad local antes de operar— no es regulación progresista. Es exactamente lo que el conservadurismo de base lleva décadas pidiendo: que el poder, sea público o privado, no pase por encima de las comunidades. Silicon Valley aprendió a hablar el idioma del GOP. Ahora tendrá que aprender también a escuchar a los votantes que lo sostienen.
Que no te lo cuenten.
