Una madre de Florida asesinó a su propia madre y a dos de sus hijas pequeñas antes de quitarse la vida el 3 de mayo, en lo que el jefe de policía de Plant City describió como «probablemente la peor escena que he visto en mis 34 años en la ley».
Hailey Dempsey, de 27 años, disparó primero contra su madre, Valerie DeBoe, de 55 años, en las primeras horas de la madrugada en su casa de Plant City, en el área de Tampa Bay. Luego huyó a pie con sus tres hijas pequeñas. Mató a la de 4 años y a la de 4 meses, disparó contra la de 2 años —sin alcanzarla— y finalmente volvió el arma contra sí misma.
El jefe de policía Richard Mills reveló este jueves que los agentes habían acudido al domicilio de los Dempsey en tres ocasiones durante los dos días previos al crimen.
El primer llamado, el viernes 1 de mayo, fue por una «confrontación verbal» relacionada con pornografía que Dempsey habría encontrado en el teléfono de su esposo, Jay. «No era una infidelidad ni nada por el estilo, evidentemente era solo pornografía, y estaban discutiendo por eso», explicó Mills ante los medios. «Creo que de ahí partió todo».
El oficial que respondió habló con la pareja y, según Mills, «no hubo ningún indicio de violencia ni conducta criminal». Ese mismo día llegó un segundo llamado: Dempsey quería que la policía revisara si había un rastreador en su auto. No se encontró nada.
Dempsey se marchó esa noche con sus hijas y su madre a un hotel. Al día siguiente, un tercer llamado sirvió para que los agentes la acompañaran de regreso a la casa a recoger ropa mientras su esposo estaba fuera. Mills señaló que hay indicios de que la pareja se reunió después en una biblioteca local para hablar a solas.
El esposo fue detenido tras los asesinatos, pero luego de una investigación «exhaustiva» fue descartado como sospechoso y nunca fue arrestado ni acusado. Mills mencionó «indicios de alguna enfermedad mental» en el caso. La niña de 2 años que sobrevivió se encuentra «en buen estado de salud» y al cuidado de familiares.
La investigación duró tres meses y, según Mills, «requirió paciencia, diligencia y precisión».
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Lo que queda después de esta tragedia no es un debate político: es el rostro de una crisis de salud mental que el aparato estatal, con todos sus protocolos, no supo —o no pudo— detectar a tiempo. Tres visitas policiales en 48 horas. Ninguna señal de alarma accionable. Una familia destruida.
La pregunta incómoda no es si los agentes fallaron —Mills fue claro: no había indicios de violencia—, sino si los sistemas de intervención en salud mental están a la altura de lo que la sociedad les exige. Cuando el Estado llega tarde, paga el precio quien menos puede: en este caso, una niña de 2 años que creció en segundos.
