Mississippi acaba de mover la línea. Desde el 1 de julio, el abuso sexual de un menor de 12 años puede costarle la vida al agresor.
El Senado Bill 2821 crea la figura del «capital sexual battery» y permite a los fiscales solicitar la pena de muerte contra acusados mayores de 18 años cuando la víctima tenga menos de 12. No es automático: el jurado debe encontrar de forma unánime al menos dos factores agravantes específicos más allá de toda duda razonable, y al menos 8 de los 12 jurados deben recomendar la ejecución. Si no se alcanza ese umbral, la condena obligatoria es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
El senador estatal Jeremy England, autor del proyecto, fue directo: «Es un crimen que, creo, sacude la conciencia. Son los peores tipos de delitos contra los más inocentes de nuestros ciudadanos aquí en Mississippi».
La ley marca una ruptura con la política anterior del estado, que restringía la pena capital exclusivamente a los condenados por asesinato.
Los opositores no tardaron en aparecer. Abraham Bonowitz, director ejecutivo de Death Penalty Action, argumentó que las ejecuciones son innecesarias cuando una cadena perpetua mantiene al recluso permanentemente entre rejas. «No hay necesidad de ejecuciones cuando podemos tirar la llave», dijo. Bonowitz también advirtió que extender la pena de muerte a casos de agresión sexual infantil podría disuadir a las víctimas de denunciar: «La mayoría de esos crímenes los comete alguien que el niño conoce, y le estás pidiendo a un niño que testifique contra un familiar y trate de ejecutarlo».
Es el argumento de siempre: proteger al agresor bajo el pretexto de proteger a la víctima.
La lectura de Contrafuego
Mississippi ha hecho lo que muchos estados llevan años evitando por miedo al escrutinio progresista: poner al niño en el centro, no al acusado. La ley no elimina garantías procesales —el umbral de unanimidad y los factores agravantes son exigentes—, pero envía una señal inequívoca: hay crímenes que la sociedad considera imperdonables.
El argumento de que la pena de muerte disuade a las víctimas de denunciar merece escrutinio, no reverencia automática. Ese razonamiento, llevado al extremo, termina siendo un argumento para no castigar nada con severidad. El principio en juego es simple: el Estado existe, entre otras cosas, para proteger a quienes no pueden protegerse solos. Mississippi acaba de recordarlo.
