Victoria Anne Cranmer tiene 25 años. Es niñera. Y está acusada de agredir sexualmente a una niña que aún usaba pañales, grabar el abuso y publicarlo en Snapchat.
El lunes compareció ante un tribunal en Toms River, Nueva Jersey. Llevaba sus ya conocidas esposas rosas. Según el New York Post, lanzó miradas desafiantes a los reporteros presentes en la sala.
Lo que salió a la luz ese día fue el posible acuerdo. La fiscalía propone que Cranmer se declare culpable de agresión sexual en segundo grado. A cambio, los fiscales recomendarían una condena de tres años de prisión.
Los cargos actuales son cuatro: agresión sexual en segundo grado, producción de material de abuso sexual infantil en segundo grado, puesta en peligro de un menor en tercer grado y posesión de material de abuso sexual infantil en tercer grado. La suma de penas máximas alcanza los 30 años.
Tres años frente a treinta. Una décima parte.
La fiscal auxiliar del condado de Ocean, Lynn Juan, confirmó los términos del acuerdo. Señaló que, como parte del pacto, Cranmer también quedaría obligada a registrarse como delincuente sexual bajo la Ley Megan. Además, tendría supervisión de libertad condicional de por vida y una orden de no contacto con la víctima.
El abogado defensor, Connor Kane, dijo conocer la oferta. Aclaró que aún no había podido discutirla con su cliente. Anticipó que presentará una contraoferta.
El proceso sigue abierto.
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Que no te lo cuenten. Una niña agredida, filmada y expuesta en redes sociales. Eso es lo que está sobre la mesa. Y el sistema judicial de Nueva Jersey responde con una oferta que, si se acepta, podría dejar a Cranmer en libertad en menos tiempo del que tarda un ciclo electoral.
No es un caso aislado de lentitud burocrática. Es el patrón. Los acuerdos de culpabilidad tienen lógica procesal, sí. Pero cuando la víctima es una bebé y la pena propuesta equivale al 10% del máximo legal, la pregunta es legítima: ¿a quién protege este sistema? La respuesta, en este caso, no parece ser la niña.
