El gobierno de Trump lleva la batalla del Estado de bienestar al último bastión intocable: la vivienda pública. El secretario de Vivienda Scott Turner propuso una regla que permitiría a las autoridades locales de vivienda adoptar requisitos de trabajo y límites de tiempo para sus inquilinos, con exenciones para ancianos y discapacitados. Más de 200 autoridades locales —incluyendo las de Filadelfia, Nueva Orleans y el condado de Los Ángeles— se sumaron a la llamada «Work and Dignity Coalition» para respaldar la medida.
La excepción notable es la Autoridad de Vivienda de Nueva York, NYCHA, la más grande del país con 263.000 unidades de vivienda pública o con voucher. Sus 457.000 inquilinos pueden quedarse de por vida. El resultado es predecible: la lista de espera promedia 46 meses, en parte porque el inquilino promedio lleva 306 meses —25 años— viviendo en los proyectos.
El problema no es solo de espera. Según la fuente, el 31% de los residentes está «sobrealojado»: ocupa apartamentos con habitaciones vacías mientras otros que necesitan ayuda duermen en albergues.
NYCHA argumenta que la tasa de vacancia del 1,5% en la ciudad hace imposible cualquier límite temporal, porque los desplazados no encontrarían dónde ir. Pero ese dato proviene de una estimación del Censo de 2023. El Furman Center on Housing reporta cifras distintas: 2,8% de vacancia en Queens y 4,1% en East New York. Y los alquileres promedio del mercado, inflados por los vecindarios más caros, ocultan que en El Bronx la mayor parte de los apartamentos de dos habitaciones disponibles cuesta entre 1.500 y 2.000 dólares al mes.
Turner fue directo: «La asistencia habitacional nunca fue pensada para atrapar a individuos capaces de trabajar en el apoyo gubernamental durante toda su vida. Debe ser una base temporal para lanzarse a una vida de autosuficiencia.» El programa no es uniforme: cada autoridad podría adaptarlo a sus condiciones locales. Aplicado solo al 6% de nuevos inquilinos anuales, el impacto sería gradual pero acumulativo. En el condado de Champaign, Illinois, un programa similar logró que 1.100 familias salieran de la asistencia habitacional desde 2014.
NYCHA puede ignorar la regla federal para sus propios inquilinos actuales. Lo que no puede hacer es detener su aplicación en el resto del país.
La lectura de Contrafuego es esta: lo que NYCHA defiende no es compasión, es permanencia. Un sistema donde el inquilino promedio lleva 25 años en un apartamento subsidiado por el contribuyente no es una red de seguridad: es una trampa con comodidades mínimas y sin salida. La burocracia municipal de Nueva York prefiere administrar la pobreza indefinidamente antes que arriesgarse a que alguien la supere y deje de necesitarla.
El relato de que los pobres no pueden aspirar a más no es solidaridad. Es el combustible que mantiene encendida la maquinaria clientelar. Que no te lo cuenten.
