No viene de Moscú. No viene de Pekín. La operación de influencia extranjera más exitosa sobre internet en Estados Unidos opera desde Londres, a plena luz del día.
Según una investigación publicada por Effort News, cinco organizaciones no gubernamentales extranjeras coordinan una campaña activa en 21 legislaturas estatales y en el Congreso. Su método: impulsar leyes de «seguridad infantil» que obligan a las plataformas a exigir identificación oficial, tarjetas de crédito o escaneos biométricos antes de dar acceso a sitios web comunes. El resultado práctico es el fin del anonimato digital para los adultos.
El relato se cayó solo. Estas no son iniciativas ciudadanas espontáneas.
Toma el caso del Center for Countering Digital Hate (CCDH). Fue cofundado por Imran Ahmed y Morgan McSweeney. McSweeney fue jefe de gabinete del ex primer ministro británico Keir Starmer. La organización operó durante años en debates de política estadounidense sin registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Hay quejas formales ante el Departamento de Justicia.
Luego está la 5Rights Foundation. La fundó y dirige la baronesa Beeban Kidron, miembro de la Cámara de los Lores británica. Registros públicos muestran que 5Rights pagó 50.000 dólares al lobby Capitol Connection para impulsar el Código de Diseño Apropiado para la Edad de California en 2022. Capitol Connection no reveló su condición de agente extranjero hasta 2024. El proyecto de ley ya había sido aprobado. Hasta hoy, 5Rights ha intervenido en 42 proyectos de ley en 18 estados. Once ya están firmados como ley.
Otra vez la doble vara.
El Institute for Strategic Dialogue (ISD), con sede en Londres, produce informes que etiquetan la disidencia política ordinaria como «desinformación». Ha recibido más de 11,2 millones de dólares en subsidios directos del gobierno estadounidense: Departamento de Estado, Departamento de Justicia y Seguridad Nacional. Eso supera con creces las 720.000 libras que recibió del gobierno británico. El contribuyente americano financia a un think tank extranjero que asesora marcos de censura transatlántica.
Detrás de las ONG ideológicas opera un actor aún más cínico: la Age Verification Providers Association (AVPA). Está dominada por ejecutivos británicos de empresas de tecnología de identidad como Yoti. Si los estados aprueban estas leyes, sus miembros ganan contratos millonarios. No es filantropía. Es un negocio.
Los legisladores estatales creen que votan por proteger a los niños. No saben quién mueve los hilos.
En el Reino Unido, el camino ya está recorrido. Primero fue el Código de Diseño. Luego la Online Safety Act. Cada paso se vendió como sentido común. El resultado: plataformas obligadas a construir infraestructura de vigilancia intrusiva. Identidades reales atadas a cada huella digital. La policía británica investiga rutinariamente a ciudadanos por comentarios en redes sociales que ni siquiera constituyen delito.
Eso es lo que se está importando. La Primera Enmienda bloquea la censura federal directa. Entonces la estrategia es estatal, ley por ley, legislatura por legislatura. La burocracia no necesita ganar en Washington. Solo necesita ganar en suficientes capitales estatales. Que no te lo cuenten.
