El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, Roberts, dictaminó este viernes que las obras del nuevo salón de baile de la Casa Blanca pueden continuar mientras el tribunal estudia si extiende el permiso a largo plazo.
Para lograrlo, Roberts suspendió una orden de un tribunal inferior que exigía paralizar la mayor parte de la construcción. Esa orden debía entrar en vigor ese mismo día y sostenía que Trump estaba incumpliendo la ley al avanzar con el proyecto sin autorización del Congreso.
La resolución provisional del magistrado tiene apenas dos frases y no ofrece ninguna explicación. Su efecto es concreto: las obras del proyecto —cuyo costo asciende a 400 millones de dólares y lleva un 65% de avance— siguen adelante sin interrupciones.
Trump agradeció el dictamen y aseguró que el complejo «será el más grande de su tipo». Volvió a argumentar que las obras son «fundamentales para la seguridad nacional» y que se ejecutan «por debajo del presupuesto y por delante de lo programado». Añadió que se trata de algo que «los presidentes han deseado durante 150 años» y que «las Fuerzas Armadas llevan buscando desde hace 100 años».
El caso queda ahora en manos del pleno de la Corte Suprema, que deberá decidir si el permiso provisional se convierte en definitivo.
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Que no te lo cuenten. Un juez de instancia inferior intentó detener, con una orden de emergencia, una obra que lleva casi dos tercios de ejecución y que el Ejecutivo defiende como infraestructura de seguridad nacional. Roberts, con dos frases, le puso el freno. Así funciona la separación de poderes cuando se aplica con coherencia: los tribunales inferiores no tienen carta blanca para paralizar proyectos del Ejecutivo con argumentos que aún no han sido validados por la máxima instancia.
El relato de la «ilegalidad» se sostiene, por ahora, en el aire. La Corte Suprema tendrá la última palabra. Mientras tanto, las grúas siguen girando.
