El sheriff del condado de Cattaraugus, Butler, se convirtió en viral esta semana después de plantar cara a la gobernadora demócrata Hochul por su intento de obligar a los gobiernos locales a romper sus acuerdos de cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Esos acuerdos, conocidos como 287(g), permiten a las cárceles locales retener detenidos para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Cattaraugus es uno de aproximadamente una docena de municipios en Nueva York —incluido el condado de Nassau— que mantienen ese tipo de convenios. La legislatura dominada por los demócratas los prohibió en su última sesión.
Butler no se mordió la lengua. «La gobernadora Hochul no conoce el condado de Cattaraugus mejor que yo», dijo. «Ella no patrulla nuestras carreteras. No opera nuestra cárcel. No responde las llamadas de nuestros residentes cuando necesitan ayuda».
El detonante fue una declaración de la portavoz de Hochul, D'Amelia, que acusó a quienes cooperan con ICE de no estar «interesados en mantener seguras las comunidades de Nueva York». Butler respondió con precisión quirúrgica: Albany define el gobierno local como «ellos hacen las reglas, nosotros pagamos las facturas y se espera que callemos». Y remató: «No lo haré».
La gobernadora, que enfrenta reelección en noviembre, no cedió. Su portavoz reiteró que «los condados no pueden elegir qué leyes estatales acatan» y que quienes no cumplan «serán responsabilizados».
En el plano judicial, la semana pasada un juez federal rechazó parte de la demanda de la administración Trump para bloquear la prohibición de los acuerdos 287(g). Sin embargo, ese mismo juez anuló la parte de la nueva ley santuario que intentaba prohibir a los agentes federales usar máscaras.
El relato se cayó solo. Hochul presenta la ruptura con ICE como una medida de seguridad pública, pero es el sheriff local —el que patrulla las carreteras, opera la cárcel y atiende las emergencias— quien denuncia exactamente lo contrario. La burocracia de Albany no asume los costos operativos ni las consecuencias en las comunidades rurales; solo emite mandatos y envía la cuenta al contribuyente local.
Eso es lo que está en juego aquí: no una disputa técnica sobre acuerdos intergubernamentales, sino la pregunta de fondo sobre quién conoce mejor una comunidad y quién debe rendir cuentas cuando las políticas fallan. Butler tiene nombre, badge y teléfono de guardia. Albany tiene portavoces.
