Un tribunal federal acaba de decirle al lobby bibliotecario lo que la mayoría de los padres lleva años repitiendo: no, una biblioteca pública no tiene derecho irrestricto a poner material sexualmente explícito al alcance de niños de ocho años.
El 8.º Circuito de Apelaciones de Estados Unidos confirmó la constitucionalidad de una ley de Arkansas que restringe el acceso de menores a material «dañino» en bibliotecas. Según el fiscal general del estado, Griffin, el fallo permite aplicar una norma que «protege a los niños de materiales obscenos al tiempo que aumenta la rendición de cuentas en las decisiones de curaduría de las bibliotecas públicas».
La respuesta del establishment bibliotecario no se hizo esperar. La ACLU de Arkansas prometió «seguir combatiendo los intentos de censurar libros». Jensen, exbibliotecaria y autora de libros sobre identidad de género para menores, advirtió que los bibliotecarios serán «arrestados por hacer su trabajo» — y remató culpando a la «supremacía blanca». El relato se cayó solo.
Conviene precisar qué dice la ley y qué no dice. No prohíbe libros por contener ideas controvertidas. Se enfoca en contenido sexualmente explícito. Uno de los títulos en disputa, «Sex Is a Funny Word», está dirigido a niños de ocho a diez años e introduce conceptos como la masturbación — descrita en el libro como un «toque mágico» que «puede hacer un día difícil un poco más fácil». La ley tampoco impide que un adulto de 18 años acceda a ese material: los libros siguen disponibles en librerías y plataformas en línea.
Los números no acompañan al lobby. Según datos citados en el análisis de SafeLibraries, al menos el 85% de los estadounidenses considera que ciertos libros pueden ser inapropiados para niños pequeños. El 90% opina que el contenido sexualmente explícito no tiene lugar en bibliotecas escolares. Y cerca del 90% cree que las escuelas deben informar plenamente a los padres sobre lo que se enseña en las aulas.
La Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) sostiene desde los años sesenta que ningún organismo político o gubernamental está calificado para determinar lo que una persona debe o no leer. Principio noble en abstracto. Aplicado a recomendar pornografía a un alumno de tercer grado, es simplemente indefendible.
Aquí está el principio en juego, y Contrafuego no lo va a suavizar: el aparato burocrático de las bibliotecas públicas — financiado con dinero de los contribuyentes — decidió que su criterio ideológico vale más que el de los padres. Cuando un tribunal les dice que no, gritan censura. La doble vara es perfecta: libertad de expresión para el funcionario que selecciona los libros, silencio para el padre que objeta.
El fallo de Arkansas es una victoria pequeña, no definitiva. Pero demuestra que los tribunales aún pueden ponerle límites al adoctrinamiento institucional cuando los padres se organizan y pelean. Que no te lo cuenten.
