El presidente Trump firmó este jueves una proclama ejecutiva que impone aranceles ad valorem de hasta 100% sobre la importación de sistemas de aeronaves no tripuladas y sus piezas clave. La medida se fundamenta en argumentos de seguridad nacional y protección de infraestructura crítica.
El informe del secretario de Comercio, Lutnick, concluyó que la penetración de mercado de los drones extranjeros «es sustancial y representa una vulnerabilidad estratégica para la economía y la defensa del país». El sector está liderado globalmente por la firma china DJI.
La estructura arancelaria es escalonada. El gravamen de 100% recaerá sobre sistemas cuyo peso máximo al despegue supere los 25 kilogramos, sobre equipos con sensores de imagen térmica, estaciones de acoplamiento y componentes electrónicos críticos. Los drones de menor escala sin tecnologías sensibles pagarán 25%.
El decreto también contempla tasas preferenciales para aliados: 15% para equipos procedentes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza, Taiwán y Liechtenstein; 10% para los del Reino Unido. La condición es que la totalidad del hardware, software y tecnología provenga de esas jurisdicciones o de territorio estadounidense.
«Los sistemas aéreos no tripulados son esenciales para la seguridad nacional y económica de los Estados Unidos», afirmó Trump en la resolución.
Las tarifas entrarán en vigor de forma general en 21 días, el próximo 3 de septiembre. Para ciertos componentes no prioritarios o bienes con exenciones tramitadas ante el Departamento de Defensa, el plazo se extiende hasta 180 días. El Departamento de Comercio quedó facultado para implementar programas de incentivos a empresas que comprometan capital en plantas de ensamblaje e innovación dentro del país.
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Que no te lo cuenten. Esto no es proteccionismo caprichoso: es política industrial con nombre y apellido. Cuando el secretario Lutnick documenta que la dependencia de drones extranjeros constituye una vulnerabilidad estratégica, está reconociendo algo que la burocracia de Washington tardó demasiado en admitir: dejar la cadena de suministro de tecnología militar-civil en manos de fabricantes chinos no es libre comercio, es ingenuidad con consecuencias.
El esquema de tasas preferenciales para aliados —Europa, Japón, Corea del Sur, Taiwán— es la otra cara de la moneda: no se trata de cerrar mercados, sino de redirigir flujos hacia socios que comparten intereses de seguridad. La libre empresa funciona mejor cuando las reglas del juego no las fija Pekín. Washington acaba de recordárselo al mercado.



