La administración Trump presentó ante el Tribunal Supremo una apelación de emergencia. El objetivo: reanudar de inmediato las obras del Salón de Baile en la Casa Blanca. Un tribunal las había frenado apenas una semana antes.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia fue claro. Ordenó detener la construcción hasta que la Casa Blanca obtenga autorización del Congreso. Su argumento: «cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva».
Trump no lo ve así. En su red Truth Social escribió que «el Salón de Baile es un regalo del presidente Trump y de grandes patriotas de los Estados Unidos de América». Su gobierno reforzó esa postura ante la Corte Suprema. «Este proyecto debería ser un asunto que compete al presidente y al proceso político, no una construcción mediante una orden judicial», dice el recurso al que tuvo acceso EFE.
La apelación fue presentada dentro del plazo legal de 14 días. Reactiva el calendario de casos de emergencia del Tribunal Supremo, que se encuentra en pleno receso de verano.
Las obras implican derribar el ala este de la Casa Blanca. Desde el inicio generaron rechazo. Asociaciones de protección del patrimonio histórico argumentan que la construcción arrancó sin los estudios e informes previos pertinentes.
Trump ha presentado el proyecto como uno de sus grandes legados. Anunció que el Salón de Baile quedará inaugurado en 2028 y que será «la instalación más magnífica de su tipo en Estados Unidos».
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Aquí el principio es nítido. Un tribunal federal decidió que el Ejecutivo necesita permiso del Congreso para remodelar su propia residencia oficial. Trump responde llevando el caso al máximo tribunal del país. Tiene razón en una cosa: convertir decisiones de gestión presidencial en batallas judiciales es una anomalía. El activismo judicial no es neutralidad. Es poder sin votos.
Que no te lo cuenten. La burocracia judicial frenando obras con un argumento de «inquilino temporal» no es defensa del patrimonio. Es otro capítulo del mismo relato: usar los tribunales para bloquear al Ejecutivo electo. La Corte Suprema tiene ahora la palabra.
