La concejal republicana de Brooklyn Inna Vernikov le envió una carta al presidente Trump. Le pide que extienda el Estatus de Protección Temporal —TPS— para unos 100.000 ucranianos en Estados Unidos. La designación actual vence el 19 de octubre.
Vernikov nació en Ucrania. Es republicana y seguidora declarada de Trump. En 2022 se reunió personalmente con él. Donald Trump Jr. grabó un robocall en 2021 para respaldar su primera campaña electoral en Brooklyn.
El argumento de la concejal es directo. «La guerra sigue activa. Rusia continúa atacando ciudades ucranianas e infraestructura crítica. Los civiles siguen en riesgo», escribió. Según Vernikov, Ucrania no ha vuelto a condiciones normales. No sería razonable, dice, exigirle a nadie que regrese a una zona de combate activo.
El TPS fue extendido por última vez a nacionales ucranianos en enero de 2025. Las condiciones del conflicto, iniciado en 2022, no han cambiado desde entonces, señala la concejal.
Vernikov no pide residencia permanente ni ciudadanía. Pide 18 meses adicionales de protección temporal. «Es una medida humanitaria que reconoce la realidad sobre el terreno mientras la guerra continúa», sostuvo. También argumentó que los ucranianos protegidos trabajan, pagan impuestos, crían familias y sostienen negocios locales.
El contexto importa. Trump ya terminó el TPS para haitianos y sirios. La Corte Suprema respaldó ambas decisiones. Ahora el turno es de los ucranianos. La Casa Blanca dijo que revisa la carta. No hubo comentario inmediato.
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Aquí hay una tensión real. La línea dura del gobierno sobre migración irregular choca con un caso distinto: personas que llegaron con protección legal, en medio de una guerra que nadie eligió y que todavía no terminó. Vernikov lo sabe. Por eso cuida el lenguaje: no habla de amnistía ni de apertura de fronteras. Habla de no mandar gente a morir.
El libre mercado también tiene algo que decir. Contribuyentes productivos, negocios activos, familias establecidas. Deportarlos no ahorra dinero público. Solo transfiere el costo a otro lado, y en este caso ese «otro lado» es una ciudad bajo bombardeo. La decisión es de Trump y del DHS. Pero la petición viene de adentro del propio movimiento. Eso no es menor.
