El relato se cayó solo. Una ley californiana que permite a reclusos de edad avanzada solicitar la libertad condicional puso en la calle a un hombre condenado a 102 años de prisión. El resultado: una nueva víctima.
Michael Douglas Brambles, 77 años, exdetective de la División de Vicios del Departamento de Policía de Los Ángeles, fue arrestado esta semana. La Fiscalía del Condado de Ventura lo acusa de secuestro con intención de robo y uso personal de arma de fuego, en conexión con un presunto robo y agresión sexual.
Según la fiscalía, Brambles entró a Arabella's Boutique en Thousand Oaks, California, cuando una mujer identificada como SW estaba cerrando el local. Le apuntó con una pistola, la obligó a pasar a la trastienda, le ató las manos a la espalda y la agredió sexualmente. Antes de irse, también robó el negocio.
La fiscalía señala además varias circunstancias agravantes: «el crimen involucró gran violencia, la víctima era particularmente vulnerable, la forma en que se ejecutó indicó planificación, sofisticación o profesionalismo, y Brambles mostró una conducta violenta que indica un peligro serio para la sociedad».
Brambles había sido condenado en Los Ángeles por 26 cargos, entre ellos 18 robos a mano armada y múltiples agresiones sexuales. La víctima SW había aceptado en su momento que su caso fuera desestimado, convencida de que él pasaría el resto de su vida entre rejas. No fue así.
En 2020, amparado en la ley californiana que habilita a reclusos mayores a solicitar la condicional, Brambles obtuvo la libertad. En su audiencia de parole negó haber agredido sexualmente a mujeres fuera de los casos por los que ya había sido condenado en el Condado de Los Ángeles.
Las nuevas acusaciones de agresión sexual no pueden ser procesadas porque el plazo de prescripción ya venció.
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Esto no es un accidente del sistema: es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Una burocracia que prioriza la «reinserción» del victimario sobre la seguridad de la víctima produce resultados predecibles. SW cerró su caso hace décadas creyendo que el aparato estatal cumpliría su función básica: mantener encerrado a un depredador convicto. El aparato falló.
La pregunta que California no quiere responder es sencilla: ¿cuántas víctimas más justifican la política de soltar a reclusos mayores con historial de violencia? Que no te lo cuenten.



