Randy Villegas votó «aye». Era el 11 de octubre de 2022. La junta escolar del Distrito Unificado de Visalia aprobaba por unanimidad la contratación de Dejaun Jones como supervisor de campus en Mt. Whitney High School.
Lo que las familias no sabían: Jones ya había trabajado allí. El distrito lo despidió en 2013. Era entrenador de atletismo femenino. La policía lo investigó por enviar mensajes inapropiados a una de sus atletas. También fue investigado por mensajes similares a estudiantes de otra escuela.
Nadie se lo dijo a los padres.
Seis meses después de la contratación, la policía arrestó a Jones. Tenía 40 años. Lo acusaron de abusar de una estudiante de 15 años y de recibir contenido explícito de una menor. Jones se declaró culpable de los 11 cargos de felonía. La Fiscalía del Condado de Tulare lo sentenció a cinco años de prisión.
El abogado de las dos víctimas fue directo: Jones es «un depredador de manual» y «no debería haber sido contratado de nuevo».
Ahora Villegas es el candidato demócrata al Congreso. Compite contra el republicano David Valadao en una carrera considerada reñida. Su partido necesita ese escaño para recuperar la Cámara.
Su plataforma habla de transparencia. El historial dice otra cosa. Según el Los Angeles Times, Villegas votó para aprobar pagos de casi 14 millones de dólares a cinco víctimas en sesiones cerradas de la junta. De esa cifra, casi 12 millones corresponden a las dos víctimas de Jones. Las sesiones fueron cerradas. Los pagos, opacos.
Villegas niega que los pagos buscaran silenciar a las víctimas. Dice: «Respaldo mi historial de servicio público». Su campaña no respondió a las preguntas de The Daily Wire.
El distrito, por su parte, asegura que sigue un proceso exhaustivo de verificación previa al empleo. Los registros de la junta muestran que el memo de contratación no mencionó el historial de Jones. Solo señaló que su plaza era la única que no reemplazaba a un empleado saliente. La misma nota afirmaba que la contratación reflejaba el compromiso del distrito con «la seguridad física y socioemocional».
Ahí está la doble vara. Un funcionario que vende transparencia aprobó en sesión cerrada millones en pagos a víctimas de un hombre que él mismo ayudó a contratar. El aparato escolar protegió su proceso. Las niñas pusieron el precio.
Villegas quiere llegar al Congreso. Los votantes de ese distrito tienen ahora los registros sobre la mesa. Que no se lo cuenten.
