El senador independiente Rojo Edwards no es oposición. Es aliado del gobierno de José Antonio Kast. Y aun así encendió las alarmas.
En entrevista con 24 Horas, Edwards cuestionó de frente la reforma constitucional de seguridad ingresada por el Ejecutivo al Senado. Su diagnóstico fue directo: «El gobierno tiró el tejo pasado».
No rechaza la herramienta. La apoya. Pero pone condiciones.
El primer reparo es el plazo. La propuesta contempla un Estado de Excepción de Seguridad Pública de hasta 240 días sin pasar por el Congreso. Edwards lo considera excesivo. «Un estado de excepción de 120 días es mucho», afirmó. Su contrapropuesta: «Treinta días o algo razonable».
El segundo reparo es territorial. Los llamados «polígonos» de aplicación le generan dudas. Edwards respaldaría la medida solo si se acota a «parte de una comuna», no a zonas amplias e imprecisas.
El tercer reparo es técnico. La causal para declarar el estado de excepción —vinculada a amenaza a la seguridad u orden público— «debe tener una bajada» que precise sus alcances. Sin esa precisión, la herramienta queda abierta a interpretaciones.
Edwards también disparó contra el proceso. «Faltó trabajo prelegislativo», dijo. Según el senador, recién ahora comenzará la conversación entre las fuerzas oficialistas para ajustar el mensaje presidencial. Tarde.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se reunió con Edwards. Según el propio senador, percibió disposición del Ejecutivo para introducir cambios durante la tramitación. Eso es una señal. También es una admisión implícita de que el texto original tiene problemas.
La lectura de Contrafuego. El gobierno Kast tiene razón en el fondo: Chile necesita herramientas constitucionales reales para enfrentar el crimen organizado. Eso no se discute. Pero meter 240 días de excepcionalidad sin control legislativo no es firmeza. Es un cheque en blanco al aparato estatal. Edwards, desde la propia coalición, lo dice con todas las letras. El desafío ahora es simple: ajustar los plazos, acotar los polígonos y hacer el trabajo prelegislativo que debió hacerse antes. La reforma puede salvarse. Pero solo si el Ejecutivo escucha a sus propios aliados antes de que el texto llegue al pleno.
