El gobierno chileno quería un estado de excepción que pudiera mantenerse vigente hasta por 240 días sin autorización parlamentaria. La oposición de derecha dijo que no.
Los senadores Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, y Andrés Longton, de Renovación Nacional, anunciaron este miércoles la presentación de indicaciones para modificar dos de los puntos más polémicos de la reforma constitucional en seguridad impulsada por el Ejecutivo.
El primero y más relevante: el diseño del nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública. Squella y Longton proponen que se decrete «con acuerdo entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional desde el primer momento y sujeto a revisión cada 30 días». Sin cheque en blanco. Sin excepcionalidad indefinida a discreción del gobierno.
El segundo punto es igualmente significativo. La propuesta original contemplaba la facultad de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones. Los dos senadores fueron directos: «es conveniente dejar fuera la afectación a las comunicaciones que originalmente se sometió al debate legislativo».
La declaración conjunta se produce en medio de tensiones visibles dentro del propio bloque opositor. Squella había emplazado días antes a los parlamentarios de Chile Vamos a definir «en qué lado se quieren poner», mientras Longton era una de las voces que pedía revisar los alcances de la propuesta. La declaración conjunta es, en ese contexto, un acuerdo de mínimos que busca encauzar las diferencias internas.
En paralelo, Renovación Nacional convocó a sus parlamentarios a una reunión con los constitucionalistas Marisol Peña, Juan José Ossa y Teodoro Ribera para analizar la reforma. En la UDI también se trabaja en propuestas de modificación.
Pese a todo, Squella y Longton cerraron su declaración reafirmando el compromiso con la agenda de seguridad: «Seguiremos trabajando para aprobar todos los proyectos de seguridad, teniendo en cuenta que la emergencia por la que atraviesa nuestro país amerita el máximo esfuerzo de todos, en total unidad nacional».
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Que no te lo cuenten. Lo que está en juego aquí no es un tecnicismo constitucional: es si el Ejecutivo puede suspender garantías individuales —incluida la privacidad de las comunicaciones— durante meses sin que el Congreso tenga nada que decir. Eso no es combatir el crimen organizado; es construir un aparato de excepción permanente con escasa rendición de cuentas.
La presión de Squella y Longton va en la dirección correcta: más control legislativo, menos discrecionalidad ejecutiva. El Estado de derecho no se defiende solo con más poder para el Estado; se defiende con contrapesos que funcionen. Esa es la diferencia entre una herramienta legítima y un precedente peligroso.
