El 7 de junio de 2025, un adolescente sin experiencia disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Detrás del gatillo había una cadena de mando fría y calculada. Uno de sus eslabones acaba de ser condenado.
Harold Daniel Barragán Ovalle fue sentenciado tras firmar un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. La pena fijada en ese acuerdo llegó a 21 años y 4 meses de prisión. El juez le negó la prisión domiciliaria y le impuso una multa de 16.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2025.
Según la Fiscalía, Barragán Ovalle participó en la coordinación del atentado a través de cuatro videollamadas, desde las que supervisó el reconocimiento del lugar y las acciones previas y posteriores al ataque. Se declaró culpable de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego.
El detalle más perturbador lo revelan fuentes de la investigación: «los cabecillas esperaban que el menor fuera asesinado por los escoltas». El adolescente, que cometía hurtos y consumía estupefacientes, fue enviado a morir. No recibió la recompensa prometida. Era, según la lógica del crimen organizado, un instrumento desechable.
La Fiscalía estableció que Barragán Ovalle integraba un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes en Bogotá. El magnicidio de Uribe Turbay fue, para esa estructura, un trabajo más.
Barragán Ovalle se suma así al listado de condenados por el crimen. La investigación continúa abierta.
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Que no te lo cuenten. Lo que quedó expuesto aquí no es solo un crimen político: es la radiografía de un Estado que permite que el crimen organizado opere con la frialdad de una empresa, reclute menores como carne de cañón y ejecute senadores por encargo. Bajo el gobierno de Petro, la seguridad en Colombia no es una prioridad; es un discurso. Mientras el petrismo negocia con estructuras armadas y relativiza el orden público, la burocracia judicial apenas alcanza a condenar a los eslabones bajos de cadenas que siguen intactas. La condena a Barragán es un paso. Pero los cabecillas que lo dirigieron por videollamada siguen sin nombre público en este expediente. Esa es la pregunta que el Estado colombiano debe responder.
