Colombia tiene nuevo director de Migración. El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1298 del 25 de agosto de 2026 junto al canciller Bula. Con ese decreto, el teniente coronel retirado José Luis Castañeda Tiria asume la conducción de la entidad.
Castañeda no es un burócrata de carrera. Su trayectoria dentro de la Policía Nacional se concentró en inteligencia, seguridad y operaciones contra estructuras ilegales. Su último cargo como oficial activo fue en 2018, cuando comandó el Departamento de Policía Cesar. Allí dirigió operativos contra grupos ilegales, el hurto y la delincuencia común.
El mensaje de De la Espriella fue directo: «Aquí no voy a aceptar migración ilegal». El presidente anunció «operativos coordinados» con la Policía para identificar y deportar a extranjeros en situación irregular. La primera instrucción que recibió Castañeda fue arrancar esa misma semana.
Organizaciones de derechos humanos ya encendieron las alarmas. Según el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, citado por El Espectador, el uso reiterado del término «ilegales» conecta el discurso gubernamental con corrientes antiinmigración de la derecha latinoamericana. El observatorio advierte que eso rompe un consenso de casi una década y genera incertidumbre sobre el futuro de los cerca de 2,8 millones de venezolanos residentes en el país.
Otras voces cuestionan el perfil del nuevo director. Argumentan que Castañeda fue formado para la seguridad operativa, no para las exigencias diplomáticas y de protección de derechos humanos que exige el cargo. El Decreto 4062 de 2011, que creó Migración Colombia, establece funciones que van más allá de la persecución a migrantes: plan estratégico, representación judicial y programas de capacitación en derechos humanos.
Algunos expertos comparan el giro migratorio de De la Espriella con el modelo de Donald Trump en Estados Unidos. El relato progresista que dominó la política migratoria colombiana durante años se está cayendo solo.
Contrafuego lo lee así: poner a un oficial de inteligencia al frente de Migración no es un accidente. Es una señal de que el aparato estatal va a priorizar el orden sobre el activismo burocrático. Colombia tiene cerca de 2,8 millones de venezolanos en su territorio. Gestionar esa realidad exige control, no discursos. La doble vara de quienes aplaudieron fronteras abiertas y hoy exigen «consensos» merece una sola respuesta: el Estado tiene la obligación de saber quién entra y quién se queda. Que no te lo cuenten.
